Apuran consenso de gobernadores

Por ser un requisito para el FMI, Néstor Kirchner que enfrentó a gran parte de los mandatarios en la interna peronista, ahora los necesita alineados tras un proyecto que esgrime el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.No es otro el funcionario de la Casa Rosada que llama a los despachos gubernamentales del interior convocando una ronda de negociaciones donde el eje de la disputa será el Fondo de Equidad Social -posible línea monetaria directa entre Presidencia y los intendentes que los gobernadores antitransversales odian- y el criterio para premiar y castigar a los diferentes distritos por su performance fiscal.
Con el único aval de Misiones, Jujuy, Tucumán, Formosa, Santa Cruz y San Juan, en rigor, las más kirchneristas, la administración central se vio obligada a dejar trascender algunas modificaciones para descomprimir la bronca de los gobernadores.
 Seguridad
Según trascendió, el polémico Fondo de Equidad Social -bautizado ya como «fondo K»- podría ser compensado por la disposición de unos $ 2.400 millones que serían destinados a financiar las medidas de seguridad que reclama Buenos Aires, una de las enojadas con el proyecto oficial.
Es que lo central en la discusión no es el monto -se trata de 24 por ciento del excedente en la recaudación respecto a lo que hoy perciben las provincias- sino el destino: provincias del Nordeste, Noroeste y grandes conglomerados urbanos, estos últimos, en general, enclaves opositores a los gobernadores de las provincias grandes como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.
Por eso, la propuesta de destinar parte de esos fondos a Seguridad busca dividir a los bonaerenses encabezados por Felipe Solá, urgidos por la crisis en el sector, de las posiciones duras de José Manuel de la Sota y Jorge Obeid.
Solá ya pidió 800 millones de pesos para planes de seguridad en la provincia, un dato que Alberto Fernández apuntó en su anotador.
Así y todo, el proyecto no difiere en gran medida del actual sistema de coparticipación. Según el proyecto de Nación, los fondos que se coparticiparán a las provincias no podrán ser menores a los del año pasado, cambiando los parámetros sólo para el excedente de la recaudación.
Así fue que se propuso que del excedente se tome 24 por ciento para el Fondo de Equidad Social y, de lo restante, 90 por ciento se repartiría con los parámetros actuales y 10 por ciento en función de la eficiencia fiscal que demuestren las administraciones provinciales.