Plebiscitará R. Saá un plan social clave

Para algunos se trata, en los hechos, de un virtual plebiscito sobre la gestión del actual mandatario, quien a raíz de los conflictos sectoriales que debió enfrentar a principios de mayo decidió -vía esta consulta- poner en blanco sobre negro la verdadera relación de fuerzas en la provincia. Aunque, en rigor, hoy el embate opositor se diluyó notoriamente. El programa alcanza hoy a más de 41 mil personas y -dicen- bajó el desempleo en San Luis a 3,7% desde el inicio de la gestión de R. Saá, hace 15 meses. Inicialmente tuvo 49 mil beneficiarios que cobraban $ 300 por mes -hoy esa cifra asciende a $ 330-, más obra social y ART. El plan contempla que los beneficiarios trabajen 7 horas diarias, más capacitación en oficios. Mientras en una primera etapa se dedicaron a tareas como desmalezamiento, se activó ya una segunda etapa con la puesta en marcha de emprendimientos productivos propios.
La consulta tendrá carácter obligatorio y vinculante. Los sanluiseños se pronunciarán por Sí o por No sobre tres puntos: «¿Está de acuerdo con el Plan de Inclusión Social?», «¿Está de acuerdo con la forma en que se ha implementado?» y «¿Está de acuerdo con que continúe hasta que cada persona del plan consiga un trabajo mejor?». Mientras todo parece indicar que se impondrá el Sí, la oposición basa su estrategia en que el electorado no concurra a votar.
A principios de mayo, Rodríguez Saá decidió consultar a los sanluiseños sobre la vigencia del plan, en el marco de un escenario de crisis disparado por diversos conflictos sectoriales. La avanzada opositora incluyó el pedido de intervención federal por parte de la oposición -la Multisectorial, integrada por partidos políticos, gremios y la Agrupación Laicos Autoconvocados- y movilizaciones semanales hacia la gobernación. Como en una de las marchas fue quemada la bandera de la Inclusión -símbolo de la política social de Rodríguez Saá-, el mandatario resolvió llamar a una consulta popular para decidir la continuidad del plan. Es que casi todo el arco opositor
cuestionaba cada vez con mayor fuerza el programa laboral sosteniendo que «el gobernador había creado un ejército privado de 40 mil personas».
Ahora, desde la oposición, mientras sostienen que «los derechos humanos no se plebiscitan», ya avisaron que no aportarán fiscales para el control de los comicios. Esta determinación llevó al gobierno provincial a invitar a una serie de personalidades del orden nacional e internacional para que actúen como observadores y certifiquen la transparencia del acto electoral. De ese modo reaccionó ante el fantasma del supuesto «fraude» que ya agitan distintos sectores de la oposición.
El ministro de la Legalidad, Sergio Freixes, ya cursó invitaciones a la Organización de los Estados Americanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que envíen representantes. Según fuentes locales, en la nómina de veedores convocados se encuentran desde Raúl Alfonsín, Eduardo Duhalde, Adolfo Pérez Esquivel hasta el escritor Gabriel García Márquez y Hebe de Bonafini. Entre los que ya confirmaron su presencia están Carlos Grela -que ofició de observador en el proceso que desembocó en la restauración de la democracia en Chile- y ocho legisladores nacionales.