Se extiende ahora modelo neuquino

Hay varios jueces de Menores bonaerenses trabajando en el tema. Una iniciativa que responde a la Convención Internacional sobrelos Derechos del Niño -incorporada a la Constitución nacional en 1996-, que requiere que los niños tengan un sistema penal distinto del de los adultos, con garantías procesales y castigos que apunten a lograr su reinserción social.
La convención indica que «la detención de un niño se utilizará sólo como medida de último recurso y por el período más breve» posible, pero esto casi no se cumple en la Argentina, al punto de que en el país hay 15.000 niños internados en Institutos de Menore s, de los cuales 3.000 están en conflicto con la ley penal, y los demás sólo necesitan asistencia social.
Entre las medidas alternativas a la detención figuran el llamado de atención, la orientación, supervisión de conducta, restricción ambulatoria, trabajos comunitarios y reparación del daño.
Mendoza comenzó con un plan piloto para establecer mediaciones entre adolescentes delincuentes y sus víctimas. Chaco, en tanto, abrió un régimen por el cual incorpora a los jóvenes infractores al sistema educativo formal o a las escuelas de formación preprofesional. Por su parte, el juez de Menores N°1 uno de Morón, Ricardo Oyama; su par de Quilmes, Alcira Daroqui, y el titular del Juzgado N°3 de La Matanza, Rodolfo Brizuela, también promueven medidas que son alternativas a las detenciones.
En el caso neuquino, rige una Ley de Protección Integral para la niñez que redujo el índice de reincidencia en este sector de la población -de 52% a 28%- y por la cual ni un solo adolescente de los 1.200 que están en conflicto con la ley penal ha sido privado de su libertad. El arresto se usa sólo como medida cautelar para asegurar que el joven vaya a las audiencias y al juicio oral.
Se aplica la mediación penal y, además, los menores que cometieron delitos quedan bajo «órdenes de conducta» y dentro del sistema de «libertad asistida», con el apoyo de psicólogos y asistentes sociales.