Política

De Sousa, en juicio Oil: "El Gobierno de Macri utilizó al Estado para robarnos y ponernos presos"

El empresario comenzó declaración y denunció que Rodríguez Simón le alertó embestida contra el holding. Exposición política matizada con detalles técnicos sobre pedidos que formalizó la petrolera. No hubo preguntas al extitular de AFIP referidas al delito de defraudación, sino al contexto de control sobre los planes otorgados.

“El 9 de marzo de 2016, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón nos avisó que ´empezaba la guerra´ y que cada uno se salve como pueda”, disparó ayer el detenido empresario Fabián De Sousa respecto de lo que denunció como una “persecución política” del Gobierno de Mauricio Macri respecto de la imputación por la presunta defraudación por el refinanciamiento de deuda de la petrolera Oil Combustibles”. Hizo un paneo de los temas que abordará durante su declaración indagatoria en el juicio oral -varios de ellos técnicos respecto de la situación económico y financiera de la empresa que motivó los dos pedidos de planes particulares de la AFIP-, sazonados por definiciones políticas respecto de lo que denominó en varios tramos como una “asociación ilícita” respecto de las maniobras de la Casa Rosada “que utilizó el Estado para robarnos y ponernos presos”. Fue apenas la presentación de los ejes temáticos que continuarán la semana próxima y luego de que finalizara la ronda de preguntas de la fiscalía y del Tribunal Oral Federal N° 3 sobre el extitular de AFIP, Ricardo Echegaray. Dato: el interrogatorio giró en torno de cuestiones de contexto de normativa respecto de los planes y no hubo preguntas acerca del engaño o ardid que se postuló como hipótesis durante la instrucción de la causa para cometer el supuesto fraude.

De Sousa comenzó por repasar el origen de la denuncia interpuesta por Elisa Carrió en 2016 tras una publicación periodística que postulaba que, junto a Cristóbal López, habían dejado de pagar al fisco $8.000 millones del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) para financiar su grupo económico. Pero subrayó que esa noticia fue un émulo de otra publicada en 2013 -de idénticas características y con la misma denunciante- que fue desestimada como un sobreseimiento firme por parte del juez Sebastián Ramos. Con un repaso sobre su actividad profesional y los orígenes del Grupo Indalo, De Sousa fustigó: “Nos eligió el presidente Macri como los enemigos sociales -a los que había que hacer perder la libertad, el honor y el patrimonio- como cortina de humo para sus aberraciones, no contra Indalo, sino contra la sociedad argentina”. En ese contexto, denunció seguimientos y acoso de servicios de inteligencia a sus familiares más cercanos, hecho que produjo que el presidente del TOF preguntara si esa cuestión había sido judicializada atento a la gravedad de lo que se describió como intimidaciones. “Soy parte de una persecución política que comenzó el 10 de diciembre de 2015”, afirmó y sostuvo que ahora, “es la primera vez que me puedo defender”, en relación a todos los anteriores pedidos de prueba que nunca fueron considerados por el juez Julián Ercolini. Remarcó en varios tramos el hecho de haber sido detenido preventivamente durante casi dos años. “¿Saben por qué estoy acá? Porque la fiscalía y la querella, junto al juez dieron como delitos un sinfín de mentiras que fueron creadas para callarme, para robarme en un proceso de persecución inédito en la historia”, disparó.

Entre los ejes temáticos, De Sousa mencionó algunos datos técnicos: que los préstamos entre compañías relacionadas con bajas tasas de interés y a largo plazo son considerados por la Justicia como “aportes irrevocables” de capital según la jurisprudencia (uno de los puntos sobre los que se apoya la acusación); que hubo un contexto macroeconómico en 2013 (similar al actual respecto de la devaluación sumada al congelamiento de precios a la nafta como medidas oficiales) que explicarían la necesidad de solicitar planes particulares de AFIP; que no existió perjuicio para el fisco ni defraudación; que hubo “un 100% de impuestos pagos en tiempo y forma”; y que “este es en realidad un juicio político y por cómo pensamos”, en alusión a no haber puesto a disposición del Gobierno el conglomerado de medios de comunicación bajo su mando, una denuncia penal contra el oficialismo que tramita ante la jueza María Servini. También detalló que fueron investigados patrimonialmente y que no se encontraron cuentas en el exterior no declaradas o con beneficiarios finales que no fueran López y De Sousa. “Somos nosotros, no hay más nadie. No nos han detectado un peso que no nos corresponda”, dijo en alusión a las permanentes denuncias de Carrió relativas a vincularlos a ambos con el matrimonio Kirchner.

Y De Sousa matizó con el dato de que en abril de 2013, la AFIP modificó un plan que vigente desde 2002 que permitía el pago permanente en cuotas, meses antes a que solicitaran acogerse a un plan por la petrolera. Y que las empresas tuvieron múltiples inspecciones durante la era Echegaray y posteriores, en las cuales solo se impugnó un crédito de IVA por facturas de viáticos por la suma de $800.000, como único resultado de las fiscalizaciones. Por eso, volvió a resaltar la incorporación de la “única prueba independiente” en el juicio que es la pericia oficial de la Corte que no solo derribó el número de $8 mil millones de deuda, sino que consideró que no había deuda exigible hasta el 10 de diciembre de 2015.

La interpretación de esa pericia había sido cuestionada por el fiscal Diego Velasco, en uno de los cruces que tuvo durante el interrogatorio a Echegaray y que generaron roces con el presidente del TOF Fernando Machado Pelloni que intervino dando por contestadas algunas preguntas.

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