Gobierno reparará el error de la Corte

El fallo de la Corte que habilita a los trabajadores a hacer juicio a las empresas por accidentes laborales ya comenzó a tener efectos negativos: las pequeñas y medianas empresas suspendieron las decisiones de tomar nuevos empleados, al tiempo que pusieron en stand-by sus planes de inversión. El gobierno, que, en su visión demagógica, pensó en un primer momento aprovechar la «popularidad» que, creía, le podría dar el fallo, se encuentra ahora con que tiene perjuicios ciertos. En un país donde el desempleo es un drama, ahora no puede exigirles a las empresas que generen trabajo, porque no les otorga el marco legal para hacerlo. Con los últimos fallos de la Corte, para las pymes cada empleado pasa a ser un potencial riesgo de quiebra. Ahora, el gobierno piensa enmendar el fallo de la Corte Suprema con un proyecto de ley, que evalúa el Ministerio de Trabajo, para modificar los topes indemnizatorios de la Ley de Riesgos del Trabajo. Si bien la corrección impactará en los costos laborales de las empresas, debido a que las aseguradoras elevarían el precio de las pólizas de accidentes de trabajo, sería el camino menos traumático para superar este atasco que le puso la Corte. Con la nueva ley, habrá más costos empresarios, pero al menos serían previsibles.

Carlos Tomada

Pese al gran hermetismo con que la cartera laboral estudia las implicancias del fallo de la Corte sobre el régimen de accidentes laborales, diversas fuentes oficiales y privadas señalaban ayer que la única forma de salir de este embrollo, en el corto plazo es el aumento de los topes indemnizatorios. Por eso ya en el Ministerio de Trabajo evalúan el envío al Congreso de un proyecto que modifique los montos máximos de las indemnizaciones.

El ministro Carlos Tomada evitó hacer declaraciones al respecto, pero se especula con que los técnicos del área ya comenzaron a diseñar un borrador de proyecto que modifique la Ley de Riesgos del Trabajo.

• Reunión cancelada

Ayer finalmente se canceló la reunión de una comisión mixta integrada por empresarios, sindicatos, gobierno y aseguradoras (ART) creada «ad hoc» para reformular varios aspectos del régimen. La convocatoria de la Superintendencia de ART pasó para la próxima semana, pero sin fecha cierta. «Nadie se anima a fijar nada hasta que vuelva el presidente Kirchner», reconocía un funcionario. « El fallo, en realidad, nos agarró a todos por sorpresa y por eso nadie se quejó por la postergación. Ninguno tiene posición tomada frente al fallo, por eso ahora entramos en una impase», explicaba un representante del sector privado.

La convulsión generada en el ambiente empresarial, fundamentalmente pymes, se reflejó en la avalancha de comunicados. Pero lo preocupante es el gran desaliento que se percibe en los empresarios, sobre todo de sectores mano de obra intensivo. Al mismo tiempo llama la atención el silencio del subsecretario PyME, Federico Poli, quien debería, en teoría, defender al sector.

• Inseguridad

También desde el Congreso se alzaron voces contra el fallo. El presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, Carlos Brown, reconoció su preocupación por las pymes «creándoles un estado de inseguridad tan fabuloso que las afecta seriamente». Otra vez todo el sistema productivo entra en una situación de riesgo tal que va a generar muchos problemas. «¿Quién va a tomar a un trabajador si se sabe que tiene indemnización doble, no tiene topes indemnizatorios, por las comisiones médicas va a tener que andar circulando por todas las jurisdicciones ordinarias de las distintas provincias y, encima de ello, cuando termine esta situación va a tener un juicio inmediatamente que le van a estar haciendo reclamándole por arriba del seguro que contrate», sostuvo el legislador justicialista.

Para la diputada peronista Marina Cassese el fallo tira por la borda ocho años de legislación y pone al sector productivo al borde de la inseguridad tornando cualquier actividad inasegurable.

«Ahora no podrán presupuestar costos de producción, administración y comercialización ciertos, y cualquier sentencia descabellada podrá provocar la quiebra lisa y llana de una empresa, retribuyendo el daño de un trabajador y recompensando onerosamente a su letrado, dejando sin sustento a los restantes trabajadores de la empresa», agregó Cassese.

J.G.H.