Habrá seguro de salud para trabajadores en negro y desocupados

Los equipos técnicos de Cavallo apuntan a que el actual Sistema Nacional del Seguro de Salud (SNSS) actúe como un seguro nacional de cobertura universal. Esto implica que todas las personas tendrían cobertura de salud, independientemente de su relación laboral o de su nivel de ingreso. Se garantizará así la cobertura a todos los ciudadanos argentinos o extranjeros residentes, y no sólo a los trabajadores en relación de dependencia registrados, a los jubilados o autónomos de ingresos medios o altos. Es decir que tendrían cobertura también los más vulnerables: los desocupados, los trabajadores no registrados y los cuentapropistas de bajos ingresos.

Pero el principal desafío y quizás el tema más complejo es el financiamiento de los carenciados. Para su efectiva incorporación al SNSS es necesario cambiar el mecanismo de financiamiento de los hospitales públicos desde el esquema de subsidio a la oferta a otro de subsidio a la demanda. Esto significa que las provincias dejarían de afrontar los costos de manutención de los hospitales (salarios, gastos corrientes, inversiones) y utilizarían esos recursos para cubrir la cápita que permite asistir a los carenciados a través del SNSS.

Objetivo

«Es central avanzar hacia un solo sistema nacional, de libre competencia entre las entidades de administración de la cobertura y con la garantía de un plan de salud que les brinde servicios de promoción, prevención, atención y rehabilitación en forma oportuna y apropiada. No hace falta crear un nuevo cuerpo normativo sino desarrollar los instrumentos que permitan llegar a los objetivos del SNSS formalmente vigente desde 1989 pero nunca concretado en la práctica», aconsejan los técnicos cavallistas.

¿Cómo sería el proceso?

- La primera etapa consistiría en la incorporación de las empresas de medicina prepaga como agentes del seguro dentro de la Ley 23.661 tanto por los planes compulsivos como por los voluntarios y exigir al PAMI el efectivo cumplimiento de dicha ley.

 La segunda etapa debería promover activamente que las provincias adhieran al SNSS incorporando a los beneficiarios de las obras sociales provinciales y a las personas sin cobertura que hoy tienen como único recurso la atención directa en el hospital público.

Una vez alcanzada la universalidad dentro del SNSS quedaría así cubierta toda la población argentina: los trabajadores asalariados, los jubilados, quienes compren planes voluntarios y los carenciados.

Para facilitar el proceso de integración, los agentes del seguro tendrían la posibilidad de cubrir a cualquier tipo de afiliado o especializarse sólo en algunos de estos grupos de personas. Lo importante es que se contemplaría un único cuerpo regulatorio que actuaría como base para todas las categorías. Adicional a dicha base existirían regulaciones específicas en consideración a la distinta naturaleza de beneficiario que engloba cada categoría de agente del seguro. Por ejemplo, los requerimientos de solvencia y continuidad de las prestaciones serán iguales (en proporción a la cantidad de beneficiarios) para todas las categorías pero habrá diferencia en los planes y las condiciones contractuales.

«En los planes compulsivos el PMO (Programa Médico Obligatorio) debe ser integral, sin carencias ni preexistencias y sin la posibilidad de rechazar una opción; en cambio, en los planes voluntarios puede haber un PMO integral y una variedad de PMO parciales, con carencias y con posibilidades bien reguladas de rechazo de la opción», afirman.

Financiamiento

Ahora bien, «desde el punto de vista del financiamiento se podría mantener la actual estructura. Esto implica aportes y contribuciones para los asalariados activos y jubilados y financiamiento de bolsillo en los planes voluntarios. El destino del Fondo Solidario de Redistribución sería garantizar una cápita mínima por beneficiario solamente, exigiéndose a los agentes del seguro a contratar ellos mismos un reaseguro para cubrir las contingencias de alto costo y baja incidencia».

Es muy importante que el reaseguro sea contratado por el mismo agente del seguro, para evitar que el Estado sea quien se constituya en administrador de este fondo. Porque la experiencia indica que cuando el Estado asume responsabilidades de gestión de seguros y reaseguros los resultados terminan siendo altamente perjudiciales para el conjunto de la sociedad.

Con relación al PAMI los técnicos liderados por Osvaldo Giordano opinan que «mientras no se desarticule el sistema tradicional de contratación directa o por licitación con los prestadores, los incentivos a la corrupción se mantendrán intactos». Debe dejar de ser un monopolio público, esto implica terminar con la cautividad. En lugar de administrar centenas de contratos con muchos prestadores monopólicos, los servicios deberían ser provistos a través de entidades constituidas como seguros de salud operando en un ambiente competitivo. A cambio de un valor capitado estas entidades serían responsables de la cobertura integral de las personas que opten por sus servicios. El PAMI sólo sería responsable de garantizar la sana competencia entre los seguros de salud y el monitoreo de la solvencia técnica y financiera de las entidades competidoras. La clave es el papel activo que asume cada jubilado como fiscalizador.

Respecto del nuevo Fondo Solidario de Redistribución que se nutre con un porcentaje de los aportes de los trabajadores y con el IVA a prepagas, pasaría de los 350 millones de pesos actuales a 587 millones. Si la totalidad de los recursos fuera asignada a subsidiar la población de más bajos ingresos se podría garantizar una cápita mínima cercana a los 22 pesos. Oficialmente se apunta a 20 pesos, lo que da margen para financiar el reaseguro. Un dato muy interesante es que más de la mitad de la población cubierta sería subsidiada, esto implica que dispondrá salvo, que realice un aporte voluntario, sólo de la cápita mínima.

Inconsistencia

Para los cavallistas «la tibia desregulación sólo sirvió para demostrar que la competencia sin un contexto adecuado no aporta soluciones. Prueba de ello es que la incursión de las prepagas estuvo orientada fundamentalmente a succionar las personas de menores riesgos y mayores ingresos. Resulta así inconsistente el Decreto 446 con el marco regulatorio de las prepagas que tiene media sanción de Senado. Ambas iniciativas, lejos de corregir la segmentación, la profundizarán. Seguirá, por un lado, la seguridad social; por otro, los seguros voluntarios y, por otro, los carenciados, contando con el subsidio a la oferta de los hospitales.

«Aunque demande un proceso político más complejo es necesario abandonar el proyecto con media sanción en Senadores y diseñar un esquema que cobije a todos los seguros de salud en un mismo cuerpo legal», recomiendan. Porque hoy la misma entidad prepaga actúa en dos sistemas de salud distintos con normas regulatorias diferentes a pesar de que el servicio que generan es el mismo. Cuando es un afiliado voluntario son prepagas y cuando son compulsivos son como una obra social.