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La presentación, suscripta por Mario Cafiero, Claudio Lozano, Héctor Polino, Patricia Walsh y Eduardo Macaluse, señala que la norma que comenzará a regir el 1 de enero de 2005 «vulnera las autonomías provinciales y municipales consagradas en la Constitución nacional».
«Si bien es cierto que los estados provinciales podrán o no adherir, las penas para las que no lo hagan van desde no recibir la coparticipación que les corresponde, no autorizarles préstamos, o cancelarles las exenciones impositivas», enfatizóLozano. Cafiero señaló que «se pidió a la Justicia que se tuviera a las provincias como terceras, con lo cual, si se accede a nuestro reclamo, esto va a la Corte, porque sería un expediente de ellas contra la Nación y por lo tanto, originario» del máximo tribunal.
Los amparistas coincidieron en que « desde los noventa, la Nación no ha hecho más que avanzar sobre las provincias. Por eso es que no se trata la Ley de Coparticipación, porque hoy la Nación recibe de cada 100 pesos, 68, y el resto queda para los estados provinciales».
Los diputados señalaron por último que «discutir las deudas, pero no hacer lo mismo con los ingresos es lisa y llanamente omitir lo que marca la ley, y buscar el modo de que el grueso de lo recaudado se vaya en pago de la deuda externa».




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