Néstor Kirchner apelará nuevamente a sus buenas relaciones con George W. Bush para solucionar otro problema vinculado con la deuda externa. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores que maneja Rafael Bielsa, se recurrirá al Departamento de Estado para que se convierta en testigo preferencial de la Argentina ante el juez Thomas Griesa para liberar los bienes inmuebles inhabilitados radicados en Washington. La intervención de la oficina del gobierno norteamericano será clave. El departamento que maneja el secretario de Estado, Colin Powell, debería declarar ante el juez que los 19 bienes que figuran en el listado confeccionado especialmente por la Embajada de la Argentina en EE.UU. radicados en Washington están afectados a tareas específicas vinculadas a las relaciones diplomáticas oficiales con ese país, con lo cual estarían legalmente amparados por la Convención de Viena. Powell y sus técnicos certificarían que la Argentina necesita de esas oficinas para efectuar su representación en Estados Unidos.
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Según la visión del juez, y para la interpretación de los abogados del estudio que defiende a la Argentina (Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton), esta intervención como testigo directo del Departamento de Estado en el caso de los embargos contra bienes del gobierno argentino sería fundamental y definitoria para levantar las inhibiciones.
La Argentina apelaría así, con argumentos relevantes, al artículo 30 de la Convención de Viena de 1961 (luego modificado en 1963), donde se asegura que tanto las sedes donde se realizan las tareas diplomáticas como las residencias de los agentes (sean éstos embajadores, cónsules o militares) «son inembargables» y que «las autoridades del Estado receptor no podrán penetrar en la parte de los locales que se utilicen para concretar la representación diplomática» salvo «autorización del jefe de la misión», en este caso José Octavio Bordón.
La idea de llamar directamente al Departamento de Estado para que declare a favor de la Argentina forma parte del abogado Jonathan Blackmann, que hasta ahora tiene a su cargo (sin mucho éxito) la defensa de los bienes radicados en Washington. Sin embargo, la intervención de la oficina de Powell será útil pero para una segunda instancia. Antes, el caso deberá volver a ser responsabilidad única de Thomas Griesa, situación que se alteró con la decisión del martes del juez de Maryland Michele Hotten, que inhibió la residencia del agregado naval de la Argentina en Washington, Javier Valladares.
• Apelación
Para que ese paso se concrete, ayer los abogados del estudio que representa a la Argentina apelaron ese fallo (en un reclamo extendido a cualquier otro que se realice en el futuro), con el argumento de que la situación de los bienes de la Argentina en Washington debe ser resuelta por jueces federales como Griesa y no estatales como Hotten. Siguiendo esta línea, Hotten sería «incompetente» para aceptar el pedido del fondo NML Capital LTD radicado en las islas Cayman, que reclama por la tenencia de bonos de la deuda caída en default por 172 millones de dólares. Los abogados que defienden a la Argentina quieren que estos casos sean atendidos exclusivamente por el juez Griesa. El caso de NML ya estaba siendo considerado por este magistrado. Sin embargo, el fondo recurrió a otros juzgados en búsqueda de medidas cautelares como la que se conoció el martes y que ayer fue apelada por la Argentina.
Paralelamente a las acciones judiciales y políticas de la Argentina, ayer se conoció que el juzgado de Hotten, más otros radicados en Columbia y Nueva York, pidió el listado de 10 propiedades de la Argentina en Estados Unidos (de un total de 19 que tiene registradas el país en la embajada de Washington), entre las que se encuentran la propia residencia del embajador José Octavio Bordón y las sedes y residencias de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea argentinos, además de la oficina del representante de la Argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
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