La Corte Suprema de Justicia intervino directamente en una causa por usurpación de monobloques en la zona del Bajo Flores y ordenó a la justicia porteña que suspenda el trámite de una causa y le remita el expediente, de modo de establecer la competencia en el caso.
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En un fallo con la firma de seis de sus integrantes, el máximo tribunal ordenó al juez Roberto Gallardo, titular del Juzgado Contencioso Administrativo 2 de la Capital, "suspender el trámite del proceso" por la ocupación de un complejo habitacional realizado por ex pobladores de las riberas del Riachuelo y remitirle el expediente.
Gallardo había accedido en una medida cautelar pedida por los abogados de los ocupantes para que estos recibieran asistencia médica y alimentaria, sobreponiendo a su trámite al iniciado por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, a quien la Corte comisionó para hacer cumplir su fallo Mendoza, de saneamiento del Riachuelo.
Armella reclamó ante la Corte Suprema la competencia en el caso de la usurpación luego de ordenar el desalojo del complejo habitacional ubicado en las avenidas Lafuente y Castañares, en función de que los ocupantes de los monobloques son moradores desalojados de una villa de la ribera del Riachuelo.
Entre las medidas que tomó el juez de Quilmes figura el despeje del denominado "camino de sirga", que incluye 30 metros de la costa, tanto de moradores como de industrias para poder realizar luego la limpieza del curso hídrico.
No obstante, ordenó que se provea a los ocupantes de alimentos y medicinas, pero que se impida su libre circulación, de modo de que quienes abandonen las viviendas tomadas no puedan regresar a ellas.
La orden de desalojo dada por el juez federal de Quilmes desató una puja entre el gobierno de la Ciudad y el de la Nación, en torno a si se trata de una medida que deba ser cumplida por la policía metropolitana o la federal.
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