El abogado Jorge Alfonso asumió este viernes la defensa de los seis acusados de violar en grupo a una joven de 20 años, a plena luz del día, en un auto estacionado en el barrio porteño de Palermo.
Los seis detenidos por la violación en grupo en Palermo designaron el mismo abogado
Los acusados designaron a Jorge Alfonso, quien recientemente estuvo a cargo de la defensa en otros casos resonantes, como el secuestro de una niña por parte de un cartonero acusado de haberla abusado sexualmente.
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Alfonso comenzó a delinear los primeros pasos de la estrategia de defensa y deslizó la posibilidad de pedir al juez Marcos Fernández la "ampliación de indagatoria" en los próximos días.
La defensa adelantó que prevé solicitar en los próximos días la excarcelación de los acusados, ya que consideran que "ninguno tiene antecedentes y no existen riesgos de entorpecimiento" en la investigación.
Hasta este viernes, cinco de los imputados tenían un defensor oficial y un sexto había comparecido en la indagatoria (en la que todos se negaron a declarar) también bajo esas circunstancias, pese a que había adelantado que estaba a la búsqueda de un abogado particular.
Finalmente, los seis designaron a Alfonso, quien estuvo recientemente a cargo de la defensa en otros casos resonantes, como el secuestro de una niña por parte de un cartonero acusado de haberla abusado sexualmente ("Caso M") y la de un ciudadano paraguayo acusado de femicidio y de haber enterrado a la víctima en el patio de su casa.
El abogado explicó que "hay mucha prueba por producir" y anticipó que revelará una serie de circunstancias todavía desconocidas en el expediente. Además, una vez definida la nueva estrategia de la defensa, Alfonso también anunció que evaluará la posibilidad de pedir que sus seis defendidos declaren ante el juez de la causa.
La posibilidad de formular un descargo está abierta para los imputados en todo momento durante el proceso judicial, independientemente de que se hayan negado a declarar al momento de la indagatoria.
El juez Fernández dispone de un plazo legal de diez días hábiles -que ya están corriendo desde el miércoles- para resolver la situación procesal de los acusados por la violación en grupo.




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