Berlusconi más complicado: junta del Senado votó su expulsión

La comisión falló contra Berlusconi.

Una comisión de senadores recomendó expulsar a Silvio Berlusconi del Senado italiano por su condena a prisión por fraude fiscal, lo que abre las puertas a una resolución definitiva que puede sellar -en las próximas semanas- el futuro político del ahora debilitado expremier.

La decisión constituye el segundo revés en tan sólo una semana para el ex premier, de 77 años, que el martes pasado recibió un humillante golpe a su autoridad cuando varios legisladores de su partido, Pueblo de la Libertad (PDL), le dieron la espalda a su intento de hacer caer a la coalición de gobierno de Enrico Letta.

Tras la resolución mayoritaria de la Junta de Elecciones e Inmunidad, que votó a puertas cerradas, el presidente de esa comisión, Dario Stefano, dijo a la prensa que la decisión se adoptó en un "clima de absoluta concentración", aunque no precisó qué número de senadores votaron a favor y en contra.

Stefano expresó que se mantuvo "un sincero debate entre las distintas tesis", y explicó que ahora redactará la justificación de la decisión, que será presentada al presidente del Senado, Pietro Grasso, para que se fije la fecha del voto en el pleno.

La decisión se tomó tras la audiencia pública celebrada en el Senado, según informó la agencia de noticias EFE.

Si bien Berlusconi podía acudir a defenderse, no lo hizo por considerar que la sentencia del caso Mediaset -por el que se le condenó el pasado 1 de agosto-, es "injusta" ya que -insiste- "no existen pruebas" de la comisión de ningún delito.

"No hay posibilidad de ninguna defensa y no hay razón para aparecer ante un cuerpo que ya anunció qué decisión va a tomar a través de la prensa", explicó el magnate de los medios en un comunicado emitido por sus abogados.

El pasado 18 de septiembre, la Junta para las Elecciones y la Inmunidad del Senado ya rechazó el planteamiento de legitimidad del escaño de "il Cavaliere" que había expuesto el partido de Berlusconi, el conservador Pueblo de la Libertad (PDL), permitiendo que prosiguiera el proceso.

La última palabra queda ahora en manos del pleno del Senado, que debe decidir si ratifica la decisión de la Junta de aplicar a Berlusconi la "Ley Severino" aprobada en diciembre pasado, que establece la imposibilidad de concurrir a elecciones o la expulsión del Parlamento de personas condenadas en firme a penas superiores a dos años de cárcel.

El PDL había pedido, entre otras cosas, que se detuviera este proceso y se pidiera un dictamen sobre la ley Severino al Tribunal Constitucional italiano y/o a la Corte de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo, para que, en el caso de esta última, se decida si la norma contraviene o no el derecho comunitario.

Si bien el reglamento del Senado indica que el voto definitivo del pleno en casos como el de Berlusconi debe ser secreto, algunos senadores piden que no se haga bajo esta modalidad, con el objetivo de que quede evidente el voto de cada senador.

En agosto pasado, el Tribunal Supremo de Italia ratificó una condena de cuatro años de prisión contra Berlusconi por fraude fiscal relativo al caso Mediaset, por el nombre de su grupo mediático.

En este caso se juzgó la compraventa de derechos de transmisión de películas estadounidenses por valor de 470 millones de euros por parte del grupo audiovisual de Berlusconi entre 1994 y 1999 con un aumento artificial del precio para evadir dinero al fisco y desviarlo a cuentas en el extranjero.

Berlusconi se enfrenta también a una prohibición de ejercer cargos públicos debido a su condena, que le fue ratificada en agosto, pero la duración de dicha medida todavía está siendo estudiada por los tribunales.

El exprimer ministro amenazó la semana pasada con hacer caer a la coalición de gobierno de Enrico Letta, en un intento desesperado por evitar el proceso de desafuero y mantener su asiento en el Senado.

Sin embargo, varios legisladores de su partido, Pueblo de la Libertad (PDL), le dieron la espalda y apoyaron a Letta en una votación de confianza en ambas cámaras, en un humillante golpe a la autoridad a un político que antes tenía la absoluta lealtad de sus filas.