Rio de Janeiro y Brasilia (O Estado de S. Paulo, ANSA, AFP) - El gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva decidió que los 3.000 soldados del ejército desplegados en Rio de Janeiro ante una ola de violencia del narcotráfico permanezcan una semana más en la ciudad, mientras se termina de definir un vasto plan que, según analistas, podría suponer una velada intervención federal en el área de seguridad de ese estado.
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En una reunión de tres horas con los ministros de Justicia, Márcio Thomaz Bastos, y de Defensa, José Viegas, la gobernadora de Rio, Rosinha Matheus, mantuvo firme su oposición a la propuesta de que las policías Civil y Militar se subordinen a un comando federal.
Ante la cerrada negativa de la gobernadora, Bastos garantizó la autonomía de ambas policías, pero anunció que seguirá en funcionamiento el Centro de Operaciones de Seguridad Integrada (COSI), con base en el Comando Militar Este, creado para garantizar la actuación del Ejército en las calles de Rio durante el carnaval. El plan inicial del gobierno de Lula establecía el control federal de las policías estaduales, pero Bastos aclaró que «el proyecto no quedó totalmente decidido».
«El gobierno no propone, más allá de lo que se ha dicho en la prensa, ninguna intervención ni blanca, ni negra, ni rosada, ni de ningún color», añadió.
La gobernadora Matheus, por su parte, presentó un documento con más de 30 propuestas para garantizar la seguridad en el estado, que incluyen la creación de una guardia de frontera, la construcción de cinco cárceles más en el estado y un cambio en la legislación para castigar con más severidad a los policías corruptos.
• Ofensiva
Según Bastos, el COSI estará dedicado a «operaciones eventuales y puntuales cuando era necesario».
El gobierno piensa lanzar una ofensiva combinada contra el poder de los narcotraficantes que, además de la creación de un centro de coordinación de las fuerzas de seguridad, incluirá el despliegue del Ejército, la Aeronáutica y la Marina en regiones fronterizas para controlar el tráfico de armas, medidas contra la corrupción policial y la federalización del principal presidio de la ciudad, Bangú I.
La gobernadora Rosinha sostiene que los ataques a autobuses y los ametrallamientos de comisarías y vehículos policiales que bandas armadas han lanzado desde el 24 de febrero fueron ordenados por varios de los 19 jefes del narcotráfico encarcelados en Bangú I, donde disponen de celulares y continúan manejando el tráfico de drogas. Pero también hubo polémica en torno a la federalización de ese presidio y la gobernadora Matheus ofreció que se haga lo propio con Bangú III, que cuenta con 900 detenidos. Además, defendió la construcción de cinco cárceles federales en Rio de Janeiro, responsabilizándose de 80% de los costos.
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