Capital: nueva ley beneficia a las pymes en licitaciones

Guillermo Nielsen

«Todos los días recibo pedidos de caja chica, que de chica tiene poco y nada», reveló ayer el ministro de Hacienda porteño, Guillermo Nielsen, durante la presentación de la primera ley de compras que tendrá la Ciudad de Buenos Aires. El funcionario, al hablar de las bondades de la nueva norma, se quejó de la magnitud de los gastos de caja chica «como en el área de Cultura, donde resulta difícil trabajar adecuadamente». La Legislatura porteña sancionó, el jueves pasado, la primera ley de compras y contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires que obliga a un seguimiento on-line de todo el proceso y crea un órgano que centralizará los gastos, dependiente del área de Hacienda.

Ayer, el presidente de la Comisión Presupuesto, Juan Manuel Olmos (Frente para la Victoria), junto a Nielsen, la titular de la bancada macrista, Gabriela Michetti, y otros legisladores porteños explicaron los alcancen de la nueva norma que consideran más moderna que la nacional en esa materia y que asegurará «transparencia y agilidad».

Seguimiento

La ley impone un seguimientode tres registros vía Internet: el de proveedores, el de bienes y servicios, y el de seguimiento, todos serán públicos.

Pone además restricciones al sistema de contratación directa, que actualmente posibilita que invocando razones de urgencia se pueda gastar hasta un límite de dinero sin llamar a licitación o concurso de precios. Esa mecánica ha permitido gastos por $ 500 millones de 2003 a 2004, según aseguró Michetti. Muchas veces se utiliza la picardía de hacer ese tipo de compras en escalas para evitar el llamado a licitación.

«Con la argumentación de la urgencia se gasta mal. Hay sectores que tienen enraizada la compra directa», reveló Nielsen. El ministro se quejó: «Todos los días tengo pedidos de caja chica que de chica tiene poco y nada. Hay sectores que se desvían en particular, como Cultura, donde resulta difícil trabajar adecuadamente».

La ley prohíbe el « desdoblamiento» de las compras y castiga al funcionario que dentro de los tres meses efectúe un nuevo procedimiento para adquirir similares bienes o servicios.

Olmos, a su turno, destacó el consenso entre todos los bloques que se consiguió para la sanción de la ley y que además el hecho de que la Ciudad «tenga ley propia lo permite la autonomía porteña que cumple 10 años». Carlos Araujo (Recrear) dijo que con una norma similar «en México se redujeron en 20% los gastos».

Nielsen consideró que «si bien esta ley es un importante primer paso, todas las áreas de la administración y de la sociedad deberán contribuir para lograr una aplicación correcta, adecuada y transparente de los mecanismos implementados por el marco normativo propuesto para que no se transforme en letra muerta».

Aplicación

La ley se aplicará a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y a todos los organismos del Estado descentralizados o sociedades cuyo financiamiento provenga del presupuesto porteño.

Se prevé, además, un beneficio para que las pymes cuenten con la posibilidad de tener a su favor 5% del valor ofertado respecto del realizado por los restantes proveedores.

El sistema informatizado, de todos modos, tiene un plazo de cuatro años para ponerse en marcha, pero el mecanismo nuevo de compras regirá a partir del 1 de enero de 2007.

Los funcionarios, por otra parte, estarán obligados a consultar los antecedentes de los oferentes en otras jurisdicciones y se les prohíbe contratar con «empresas cuyos miembros del directorio han sido sancionados por incumplimiento».

Además se incluye una cláusula que castiga las «dádivas» a funcionarios que puedan influir en la elección del proveedor y se explica que los incumplimientos a la ley tendrán responsabilidades penales y patrimoniales en los funcionarios.

La norma regirá los contratos de compraventa, suministros, permutas, locación, leasing y todos aquellos contratos no excluidos expresamente.

Actualmente, el régimen de contrataciones se rige por un decreto de 1972, y la nueva modalidad contempla un Sistema de Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores, Registro Informatizado de Bienes y Servicios, y Registro informatizado de Información de Contrataciones.