Equipos militares contra el delito
Las Fuerzas Armadas apoyarán la acción policial en la provincia de Buenos Aires en materia de comunicaciones, logística y movilidad, es decir sin comprometerse operativamente en combatir el delito. Así lo anunció ayer el ministro de Defensa, José Pampuro, después de haberse entrevistado en La Plata con León Arslanian, que hoy a las 11 asumirá como ministro de Seguridad bonaerense. La salvedad hecha por Pampuro respecto del apoyo que brindarán las FF.AA. tiene que ver con las limitaciones que les imponen las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior. Como una forma de liberar efectivos de Gendarmería para tareas de seguridad, adelantó que analizará con Gustavo Béliz la posibilidad de que militares custodien puntos fijos como son las centrales hidroeléctricas o atómicas. Y se adelantó que podrán usarse instalaciones militares desactivadas como cárceles.
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«Vamos a trabajar con (León) Arslanian en áreas técnicas en común, como puede ser comunicaciones, logística y movilidad», dijo Pampuro ayer a la salida del encuentro que mantuvo con Arslanian durante cerca de una hora.
Como tercera pata de esa colaboración global figura la propuesta de destinar efectivos militares a algunas custodias que hoy están a cargo de Prefectura y Gendarmería. De esta forma, se liberarían uniformados de esas dos fuerzas para destinarlos a tareas de prevención en el conurbano.
Ese mecanismo, que consultará con su par Gustavo Béliz, se podría instrumentar en las centrales hidroeléctricas y las represas.
• Aclaración
«Sólo será apoyo logístico porque la Ley de Seguridad Interior prohíbe que las Fuerzas Armadas intervengan», explicó un vocero. Es una aclaración necesaria: el aporte ofrecido por Pampuro no implica promover la «militarización» de la provincia. El artículo 27 de esa ley, sin embargo, autoriza que las Fuerzas Armadas presten apoyo logístico, es decir, que aporten con medios de transporte y de comunicación.
La presencia de Pampuro, que se reunió con Arslanian cerca de las 16 horas en el Ministerio de Seguridad, en La Plata, apareció como un indicador positivo frente a las gambetas que, vía los Fernández, Alberto y Aníbal, ensaya el gobierno nacional ante los reclamos bonaerenses.
La reacción en tándem de los Fernández apareció como respuesta al pedido de Solá de que el gobierno nacional contribuya con fondos extra para asistir a la Policía provincial. En sus notas, el gobernador apuntó una cifra de entre 800 y 1.000 millones.
Como respuesta, el jefe de Gabinete expresó su respaldo al designado Arslanian pero, antes de terminar esa frase de apoyo, se apuró en afirmar que frente a la crisis delictiva que golpea a la provincia «hay un primer responsable» y ése es «el gobernador Solá».
« Primer responsable», para Olivos, se traduce sencillo: deberá ser el gobierno provincial el encargado, al menos en principio, de resolver la cuestión presupuestaria del ministerio que hoy tomará a su cargo Arslanian. Solá, igualmente, ya rastreó 150 millones propios como auxilio.
El otro Fernández, el ministro del Interior, se acopló a su par de gabinete. «Aquí, en el gobierno, no conocemos la propuesta» de auxilio financiero que reveló Solá a través de la prensa.
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