Estalla nueva causa: espionaje a políticos, jueces y empresarios

Política

A través de un narco se descubrió una red ligada a la AFI que espió a gran parte de la clase política (y hasta a expresidentes), empresarios, miembros de la Iglesia, periodistas, gobernadores y gremialistas. El escándalo ya acumuló gran cantidad de pruebas que incluyen material fílmico y fotográfico. Secreto de sumario en expediente.

La causa judicial por espionaje de mayor impacto político de los últimos años comenzó a asomarse lejos del epicentro de Comodoro Py, pero con una cantidad de pruebas contundente que amenaza con convertirse en un escándalo de magnitudes. Tal como adelantó Ámbito el viernes pasado, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, viene avanzando en un expediente de alto voltaje que combina espionaje ilegal, seguimientos y una gran cantidad de figuras de primera línea del ambiente político (diputados), periodístico, empresario, eclesiástico y judicial, víctimas de tareas de inteligencia. Y hasta expresidentes de la Nación que podría tener como objeto a Cristina de Kirchner.

La causa está bajo secreto de sumario pero a partir de una serie de allanamientos en el marco de una investigación ligada al narcotráfico se logró recolectar material fotográfico y fílmico que implica la punta de un ovillo que podría superar a cualquier otra investigación ligada con la siempre sospechada tarea ilegal de los servicios de inteligencia en la Argentina. El comienzo se disparó cuando un narco alias “Verdura” confesó que un abogado ligado a la central de espías lo reclutó para que trabaje con credencial para la AFI.

La historia es novelesca, pero con el seguimiento al sospechoso de diversos delitos vinculados con el narco (que inclusive se sospecha que intentaba atentar contra Villena) se entregó y terminó confesando que lo utilizaron para entregar un “paquete” en la calle Callao y que advirtió que se trataba de una bomba. Con los datos aportados por Sergio “Verdura” Rodríguez, se llegó al abogado con las siglas F. M. que efectivamente era un agente de la AFI y que tenía un vehículo similar con el que se trasladó a “Verdura” a dejar la bomba. El espía se dio cuenta de que era seguido e interpuso un habeas corpus para intentar bloquear la pesquisa, por eso se lo allanó y se le secuestró el celular. Allí obtuvieron conversaciones con otras personas donde mencionaban tareas de espionaje interno a distintas personas y organizaciones y se halló un documento nombrado “sustooo.doc” que contenía la misma descripción de la amenaza que relató “Verdura”. Ese episodio es el que se vincula con la denuncia formulada por el exsubsecretario de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Cambiemos, José Luis Vila.

Villena amplió la investigación junto a la fiscal federal Cecilia Incardona y avanzaron en otros allanamientos y secuestro de pruebas de todo tipo. Eso arrojó como resultado que ahora se investigue una organización criminal enquistada dentro del Estado nacional dedicada al espionaje interno, cuestión prohibida por ley.

Según fuentes judiciales -la causa se encuentra en plena instrucción- los objetivos del espionaje de esta investigación fueron decenas de personas y organizaciones incluyendo a jueces (del más alto nivel), periodistas, miembros de la Iglesia Católica, referentes de organizaciones sociales, empresarios, gremialistas, diputados nacionales y provinciales, intendentes, gobernadores y hasta expresidentes de la Nación. El secreto de sumario puede derivar en nuevas detenciones en los próximos días cuando se termine de analizar la prueba. La cantidad de agentes investigados todavía permanece en secreto por la Ley de Inteligencia.

La causa se inició a partir de una denuncia anónima en diciembre de 2018 que exponía una supuesta red de venta de drogas que apuntaba al ascenso de una banda liderada por Rodríguez. Tres veces logró fugarse. La organización quedó desbaratada y allí fue cuando “Verdura” negoció el 20 de febrero pasado su entrega con intervención de Villena, luego de seguimientos, escuchas y la confirmación de que se trataba de una banda que vendía drogas en Esteban Echeverría y Almirante Brown. El narco reconoció por fotos al abogado que lo reclutó para dejar el “paquete” en un domicilio relacionado con Vila. Esa puerta abrió a una dimensión desconocida: se logró dar por primera vez con pruebas y material relacionado con seguimientos de todo tipo por parte de una línea directamente ligada con la AFI durante la conducción del escribano Gustavo Arribas.

La nómina de políticos involucrados no trascendió pero todos son de primera línea. Es el primer capítulo de un escándalo difícil de mensurar.

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