El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto.
El Gobierno finalmente presentó un recurso extraordinario en contra del fallo de segunda instancia que confirmó la suspensión de la nueva ley de radiodifusión, a fin de que el caso sea elevado a la Corte Suprema de Justicia.
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La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza -que recibió el planteo este lunes- correrá ahora traslado a las partes, quienes cuentan con hasta diez días hábiles para contestar y, una vez sustanciado el recurso, tendrá hasta cinco días hábiles para resolver, se informó oficialmente.
La Cámara había ratificado el 25 de marzo pasado la medida de la jueza federal Olga Pura de Arrabal, al considerar que "aparecen vicios de ilegitimidad" en el proceso de sanción de la ley, motivo por el cual decidió mantener en suspenso la aplicación de la norma.
De todas formas, la medida de la Cámara no está vinculada con el fondo de la cuestión, que es el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la ley presentado por el diputado nacional por el peronismo disidente Enrique Thomas.
"Con el recurso extraordinario que presentamos a la Cámara de Mendoza, vamos a lograr que sea tratado por la Corte. Las garantías de independiente de la Corte están explícitas. Entendemos que el fallo judicial va a acompañar la voluntad y la vocación que ha tenido el Congreso cuando el 10 de octubre promulgó la ley", señaló el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto.
La decisión de la Cámara de avalar la suspensión generó fuerte rechazo de organismos sociales y la Casa Rosada, en tanto que el Gobierno de Mendoza denunció al camarista Otilio Roque Romano y solicitó al Consejo de la Magistratura la destitución por haber amparado crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura.
La denuncia fue presentada por el ministro de Gobierno mendocino, Mario Adaro, y tiene origen en el informe del periodista Horacio Verbitsky publicado en un matutino porteño, donde se afirma que existe "complicidad" de ese juez "con las torturas, las violaciones y los saqueos de bienes durante la Triple A y la dictadura militar".
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