Reforma de la Policía Federal: diputados opositores, entre la judicialización y la derogación parlamentaria

La última medida del Ejecutivo amplía las facultades de investigación y detención de la fuerza federal. Diputados piden que quede sin efecto.

Javier Milei y Patricia Bullrich presentaron la reforma del estatuto de la Policía Federal.

Ministerio de Seguridad de la Nación

A través del DNU 383/2025, y con una presentación encabezada por Patricia Bullrich y Javier Milei, el Gobierno modificó el pasado martes el estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA), la reforma más ambiciosa en materia de seguridad en lo que va del año, que establece además la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI). Desde la oposición en Diputados apareció una primera reacción, con presentaciones judiciales y proyectos de derogación.

Entre sus medidas, el decreto crea nuevos programas presupuestarios para redefinir el perfil de la PFA y modifica sus jerarquías. Sin embargo, el cambio sustancial del estatuto se presenta en el artículo 6°, en el que se amplían las facultades de la fuerza para que pueda realizar "tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales", inclusive redes sociales; requisas cuando sea "en lugares de acceso público y en el marco de operativos de prevención"; o detener a una persona "si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo”. Todas ellas "sin necesidad de autorización judicial".

Tras la aprobación de la ley Bases, el oficialismo se abocó a reformas en materia de seguridad, en donde se destaca la aprobación del Régimen de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado, conocida también como “ley Antimafias”, que garantiza facultades especiales a fuerzas de seguridad en “Zonas Sujetas a Investigación Especial”. A ellas se le suma la resolución 428/2024 del Ministerio de Seguridad, en el que posibilita a la PFA a ejecutar "labores preventivas en el espacio cibernético"; la difusión de un nuevo Plan Nacional de Inteligencia, que sistematiza información sensible de ciudadanos no involucrados con el delito; y el DNU 1112/2024, que modifica la Ley de Seguridad Interior para habilitar a las Fuerzas Armadas a intervenir en las ciudades y fronteras.

Nuevo desafío para la oposición en Diputados.

Mariano Fuchila

"Vamos a aprender de los mejores, de Estados Unidos e Israel. Pondremos a la PFA en línea con los estándares del FBI", vaticinó en la presentación de la reforma el presidente Milei. Aunque piden su debate parlamentario, sectores de la oposición coincidencia en la necesidad de una reforma. "Nosotros dejamos un proyecto de ley para modificar la carta orgánica de la policía porque efectivamente, luego del traspaso de la mitad del personal y su equipamiento hacia la ciudad de Buenos Aires, la PFA quedó en un limbo con mucha superposición con las otras fuerzas federales", señaló la exministra de Seguridad, Sabina Fréderic, a este medio.

La exfuncionaria de la última gestión nacional apuntó que la Argentina precisa desarrollar "conocimientos especializados en delitos económicos y cibernéticos" pero que el anuncio "no va en esa dirección, sino que va a fortalecer una institución policial en vistas a ser casi una fuerza ilegal": "Son una serie de medidas que más que orientar a la PFA hacia la investigación criminal en auxilio de la Justicia, lo hace en inteligencia criminal eludiendo el control judicial y parlamentario". "Hay mucho malestar en la PFA respecto de esta reforma porque están en una situación de alta precariedad, con bajos salarios", aseguró.

Reacción en el Congreso a la reforma en la Policía Federal

Las voces del oficialismo coinciden en los aspectos al respaldar la reforma. Laura Rodríguez Machado (PRO) remarcó ante la consulta de Ámbito que la medida "permitirá que la PFA cumpla finalmente con el fin para el que fue creada: la investigación y combate de los delitos federales y complejos. Al concentrarse en su verdadera misión, la fuerza ganará en eficiencia y obtendrá resultados concretos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado". Estos objetivos también fueron destacados en redes sociales por Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza): “Al fin tenemos un gobierno nacional que lucha seriamente contra el crimen organizado. La nueva DFI será un gran golpe contra el narcotráfico en Córdoba”.

Las oposiciones desde el peronismo llegaron desde sus referentes en materia de seguridad. Entre ellos, y en diálogo con este medio, el diputado Matías Molle opinó: “No encuentro en el DNU medidas claras ni concretas que indiquen que se va a modernizar la policía o que realmente se va a crear una policía de investigación, especializada en el crimen complejo. Sí encuentro slogans y frases hechas, pero todo muy general y ambiguo”. Además, advirtió que "no parece apuntar al crimen organizado, sino más bien a la política y las manifestaciones sociales”.

"Están armando un estado de excepción indeterminado, lo que va a redundar en una onda verde para las peores prácticas policiales”, agregó Molle, en sintonía con la postura de los radicales opositores nucleados en Democracia para Siempre. En un comunicado, este bloque recordó que el DNU “excede las facultades delegadas en la ley Bases”, cuyo vencimiento llegará la próxima semana, y apuntan contra “la falta de claridad en las nuevas facultades de la PFA”. En ese marco, presentaron un proyecto de derogación del decreto fundamentando que “lagunas normativas similares han resultado en el uso discrecional de fuerzas de seguridad, permitiendo prácticas como la persecución de la protesta, el ciberpatrullaje de opositores, la criminalización de organizaciones sociales, o el avasallamiento a la libertad de expresión”.

Se creó una nueva fuerza de investigaciones en la PFA.

Ministerio de Seguridad

En comunicación con este medio, el diputado Fernando Carbajal anticipó una presentación judicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en la que denuncia al Estado argentino dado que la reforma provoca una "grave e inminente violación de las Derechos Humanos": "El Ejecutivo procedió por vía indirecta a reformar el régimen procesal penal argentino, introduciendo inconstitucionales y anti convencionales facultades policiales para proceder a realizar detenciones y requisas personales sin control judicial".

Pese a lo reciente de esta reforma, ya existe un antecedente de medida judicial. Un grupo de abogados (entre ellos, la exdiputada Victoria Donda) presentaron un habeas corpus para evitar que la reforma de la PFA tenga implicancias en la reciente movilización a Plaza de Mayo. El Juzgado Penal N°12 de la ciudad de Buenos Aires rechazó el recurso y permitió que el Ministerio de Seguridad -nacional y porteño- puedan oficiar bajo sus consideraciones. El debate del proyecto seguirá, ahora en el Congreso.

El DNU 383/2025 de reforma de la Policía Federal completo