País incorregible

En casi todos los países hay política inmigratoria. En la Argentina no. No importa si hay alta o baja desocupación. Aquí impera la demagogia. Hay fuerzas políticas que necesitan desocupación alta y les viene bien a naciones vecinas que ven así bajar sus propios índices desocupacionales. Ellos no tienen huelgas por falta de trabajo y ¿¿la Argentina ?? Incitan a la huelga quienes pícaramente alientan la graduación nula de flujos de inmigración.

Hay una encuesta para la cual muchos argentinos gustarían ser consultados, responder a preguntas tipo: ¿Usted quiere más bolivianos, peruanos y paraguayos en la Argentina? ¿Son necesarios para realizar trabajos que los oriundos no realizan? ¿Les quitan o no jornadas laborales a los argentinos? ¿Contribuyen o no a aumentar la desocupación en el país? ¿Sirve el ingreso de una mayoría de indigentes con mínimo bagaje cultural o de formación? ¿Se debe asistir a quienes sólo se interesan por remesar parte de sus remuneraciones para aliviar penurias familiares en sus hogares vecinos? Si bien éste es un catálogo sobre el cual muchos ciudadanos desearían opinar, el gobierno no hizo ninguna consulta. Más bien procedió con rapidez frente al controvertido fenómeno inmigratorio, lo que resulta casi una novedad en una administración calificada de perezosa.

Sin demasiados recelos, los funcionarios suscribieron un protocolo de migración con Bolivia cuyos términos servirán para que el resto de los países vecinos reclamen como corresponde un igual tratamiento. Son unas 14 páginas con cláusulas de distinta índole, aunque algunas de ellas levantarán polvareda si se las acompañan con otras medidas adicionales del orden nacional.

Hasta ahora, para radicarse en el país, los ciudadanos bolivianos debían abonar un canon de 800 pesos. La nueva tarifa ha sido reducida a 400, una facilidad sin duda para promover el ingreso de más ciudadanos de ese país. La pérdida por esos ingresos será asumida por el Ministerio del Interior, justamente el responsable de esta concesión.

Se acepta también la radicación de todos aquellos que, en su país de origen, obtengan un certificado de indigencia. O sea, ni siquiera deberán pagar. Hay que insistir: se promueve claro el ingreso de los más pobres y, además, se multiplica la tarea de oficiosos gestores para conseguir «certificados de indigencia» (uno de los tantos negocios sucios que rodean al tráfico de inmigrantes).

Si bien se les exigen cuatro condiciones a quienes deseen radicarse -entre ellas, documentos de identidad y certificados policiales-, la carencia de algunas de estas exigencias no impide la radicación (avanzado proyecto de ley). Pueden evitar, entonces, lo que les cuesta mucho conseguir a los inmigrantes -claro, porque ya están en la Argentina-, una constancia de la policía de su país sobre sus antecedentes. Los legisladores comprendieron esta humana situación, aunque hay quienes refieren como efecto contrario la experiencia de los «marielitos», aquel éxodo indiscriminado que llegó de Cuba a la Florida cargando entre los que buscaban libertad a una multitud de delincuentes que Fidel Castro se sacó de encima.

Esa misma norma en vigencia de virtual amnistía también habilita la radicación a todas las mujeres bolivianas sin partidas de casamiento o que no pueden probar la filiación del padre de sus hijos. Nadie ignora que no sólo se trata de proteger a madres desamparadas, sino cautivar a futuros votantes en las zonas carenciadas: los agradecidos radicados, presuntamente, devolverían la atención en elecciones municipales -intendentes, concejales y consejeros escolares- a quienes propiciaron estas medidas (dirigentes del Frepaso).

Para la radicación en el país también se exige la presentación de seis recibos de sueldo, una evidencia de que trabajan en el país y, como parte de la entusiasta política promotora de inmigrantes vecinos, en ningún lado se plantea la necesidad de que exhiban sus aportes previsionales. O sea que al Estado parece no interesarle si estos nuevos radicados cumplen o no con sus mínimas obligaciones de contribuyentes. Una pérdida que no asumirá el firmante Ministerio del Interior.

La sola mención de estas observaciones, por no hablar de las preguntas para una posible encuesta, desatará la ira de quienes -amparados en la lucha contra la discriminaciónentienden que una alarma o una crítica por esta apertura sin límites es producto de la «xenofobia». Se le cae de la boca esa frase insultante al hijo de Antonio Cafiero (Juampi), Nilda Garré, Noel Breard o a Raúl Zaffaroni, uno de cuyos asesores antes se dedicaba a gestionar radicaciones. Son, justamente, los que han promovido este protocolo del Ministerio del Interior y el proyecto de amnistía en el Congreso. No reconocen que algunas de estas medidas sólo se explican en la voluntad de cautivar adhesiones en los sectores marginales, en nuevos votantes, en buscar una masa crítica que no logran en otros sectores de la sociedad argentina. Son, al igual que ciertos sectores de la Iglesia, los que reniegan de trasladar determinadas villas (la Cava, la Villa 21) aunque este cambio puede significar una mejora para sus habitantes, a quienes se concibe exclusivamente como «clientes».

Unifican sin reparos desocupación con marginalidad, quizás porque realmente no saben exactamente en cuál de las franjas recogen votos. Un problema será resuelto con crecimiento y expansión económica, el otro se incrementará en agudeza con políticas de ingreso irrestricto para inmigrantes, como la que acaba de suscribir en Bolivia el presidente De la Rúa, sin medir a qué precio le buscan crear imagen externa.

Cuesta entender, sólo es válido hacerlo desde el interés partidario, la actitud oficial de invitar a indigentes de países vecinos -ahora con Bolivia, luego con el resto del Mercosur o adyacencias-para poblar una nación con los actuales índices de gente sin trabajo. Como si no bastara la experiencia ya recogida de estos últimos años en que si bien no fue abrumador el ingreso de vecinos necesitados al mercado laboral, sí constituye un drama para el Estado la informalidad de estos carenciados, integrantes casi de la «economía negra» y en la extensa fila de quienes reclaman planes de ayuda, plata del «Trabajar», asistencia médica o educación. Lo que el gobierno sostiene que ya no puede brindar -y que administra pésimamente según los gobernadores provincialesy que, sin embargo, alienta en su demanda con esta política migratoria que aplica sin dudar la dirigencia del Frepaso.