Abren debate sobre construcción de cárceles y alcaidías en Buenos Aires

Ambito Nacional

Contempla la creación de diez unidades penitenciarias. Se plantea la necesidad de un "gran consenso social" en los territorios donde se planean desarrollar los proyectos para terminar con hacinamiento.

El Ejecutivo bonaerense presentó en las últimas horas el Plan de Infraestructura Penitenciaria a través del cual prevé la construcción de 10 unidades carcelarias y 30 alcaidías con el fin de terminar con la situación de hacinamiento que aqueja a los penales provinciales.

El proyecto propone la expropiación de diversos terrenos para la construcción de cárceles en La Matanza, Quilmes, Merlo y Moreno. Pero como era de esperar ante un tema tan sensible las diferencias entre el oficialismo y la oposición ya comenzaron a tomar forma.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, lo comunicó ante los diputados provinciales que integran la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia. Y fue justamente su vicepresidenta, la legisladora de Juntos por el Cambio, Sandra París, quien aseguró en diálogo con Ámbito que le plantearon al funcionario que “para llevar adelante esta acción se necesita un gran consenso político y social. Más allá de que podamos dar la aprobación para la expropiación hay que saber qué piensa la comunidad al respecto”. Y agregó que “la sociedad a ser afectada por la instalación de cárceles. Ya pasó lo mismo con (Eduardo) Duhalde como gobernador”.

Como parte de un primer paso, el Ejecutivo presentó un proyecto para la creación de dos unidades penitenciarias ubicadas en La Matanza y Quilmes y 10 alcaidías. Para este primer tramo, Alak ya dejó en claro que la Provincia cuenta con los fondos necesarios de un plan integral a diez años.

La diputada París sostuvo que “la democracia tiene una deuda con el sistema penitenciario. Las cárceles están abarrotadas desde hace mucho y la Provincia está sancionada a nivel internacional porque no cumple los estándares mínimos que establecen las organizaciones para el alojamiento en las cárceles”. Y sumó que “hay que considerar con qué recursos se va a llevar adelante este plan. Si va a estar en el presupuesto de este año”.

Por su parte, la legisladora Susana González, presidenta de la Comisión, y representante del Frente de Todos, le manifestó a este medio que “Kicillof toma esta decisión a sabiendas de que en política no paga”. Y añade que “la realidad es que el gobernador asume en el marco de la huelga más grande que se haya llevado a cabo en la Provincia. Con el doble de detenidos que tenía Vidal al momento de llegar a la gobernación. Había 52 mil personas detenidas, 5 mil de ellas en comisarías. Con un 110 por ciento de superpoblación carcelaria y un 51 por ciento de esa cantidad de presos sin condena”.

El debate que conlleva la construcción de cárceles es habitual. Al respecto, París explica que “hay que generar cárceles para evitar que se siga dando condiciones indignas a quienes cumplen su condena, pero hay un giro en la política del gobierno de la Provincia ya que en enero había solicitado la liberación de dos mil detenidos por el abarrotamiento en las cárceles y hoy viene con una política más restrictiva como es la generación”.

Como contrapartida, González dice que “la construcción de cárceles genera oposición, pero la criminalización de la pobreza, como sucedió durante los cuatro años de Vidal, nos llevaron a esta superpoblación. Somos la única provincia que fue sancionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Y sobre por qué fueron elegidos estos distritos para instalar las cárceles, la legisladora expone que “el Ministro detectó de dónde son los presos y La Matanza, por ejemplo, tiene 4599 personas detenidas y cero plazas en su distrito. Lo mismo con Moreno y Quilmes”. Y cierra: “Nadie quiere tener una unidad penitenciaria cerca pero la respuesta hay que darla. Esa gente necesita condiciones dignas dentro del cumplimiento de la pena. La sociedad tiene que entender que no se puede encerrar a la gente en el medio de la montaña”.

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