Corte fijó audiencia con los intendentes de San Luis

Colaboradores de María Angélica Torrontegui -que responde al gobernador Alberto Rodríguez Saá- y del opositor Daniel Pérsico confirmaron ayer que ambos responderán a la convocatoria del Alto Tribunal, más allá de que ayer a última hora no habían recibido ninguna notificación oficial. La Corte eligió esta vía para destrabar un insólito conflicto que en los hechos tiene dos jefes comunales, pese a que la Justicia electoral provincial y nacional reconoció como intendente a Torrontegui. De esa forma, pretende confrontar los argumentos de ambos y sumar elementos para luego tomar una decisión. La Corte interviene en el caso a instancias de Pérsico, que decidió -patrocinado por Alberto García Lema y Ricardo Gil Lavedra- recurrir a la máxima instancia después de desconocer los fallos de la Justicia provincial por considerarla «manifiestamente parcial».
Tanto uno como otro intendente están «confiados» en que el tribunal les terminará dando la razón. Pérsico -ungido en los comicios realizados el 9 de noviembre- cree que será favorecido porque surgió de «una elección convocada por el Ejecutivo municipal que es, en realidad, el único que tiene la facultad para hacer la convocatoria en el marco de la autonomía consagrada en la carta orgánica». Por su parte, Torrontegui -nominada en las elecciones celebradas el 23 de noviembre- cree que la Corte le dará la razón porque resultó consagrada en «el único proceso electoral legal válido porque el otro -el del 9 de noviembre- estuvo viciado de irregularidades».
 Expedientes
Antes de oficializar el llamado a la audiencia, la Corte había pedido hace 20 días al Superior Tribunal de Justicia los expedientes de las causas que se tramitan en el orden provincial. Hasta la semana pasada que se produjeron los violentos incidentes -entre la Policía provincial y el sindicato de trabajadores municipales alineado con Pérsico-, la disputa tenía como escenario el terreno judicial.
El gremio exigió a Torrontegui -que recibe los recursos coparticipables al ser reconocida por la Justicia local como la jefa comunal- el pago de sueldos que hasta ahora no cancela porque los empleados no se presentan a su sede provisoria.
Pero la crisis institucional en la capital provincial no es el único frente de conflicto de la gestión Alberto Rodríguez Saá. Ayer, la agrupación Laicos Autoconvocados -integrada por sacerdotes y activos fieles católicos- protagonizó una protesta multitudinaria para condenar la determinación del gobierno de quitarle la administración de los institutos de menores. Justamente ayer, también una Cámara de Apelaciones revocó un fallo de primera instancia que había ordenado sacar de uno de los institutos de contención a los menores. El fallo significó un revés para el gobierno y un espaldarazo para la Iglesia, que había formulado la presentación judicial. En tanto monseñor Jorge Luis Lona, obispo de San Luis, volvió a criticar con dureza al gobierno de Rodríguez Saá al señalar que en la provincia «la opinión publica no es tratada de un modo democrático y republicano». El prelado, en declaraciones que formuló a una radio porteña, acusó a Rodríguez Saá de «difamar» a la Iglesia. Lona, al respaldar las protestas, dijo que se «hacen con un espíritu de paz y de serenidad admirables. Acá hay una campaña difamatoria».