Mendoza no quiere a la Brigada K

Los mendocinos -principales detractores del programa nacional junto a Córdoba y Santa Fe- llevarán a Buenos Aires una idea inquietante para la administración central. El gobierno de Julio Cobos analiza reclamarle a Néstor Kirchner un cambio de planes. Quiere que, en vez de aplicar sus propias ideas en la provincia, la Casa Rosada envíe dinero para fortalecer el Plan Quinquenal de Seguridad elaborado en el ámbito local.
 Postura
De hecho, la Comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura de Mendoza
-creada merced a una reforma en la Justicia y la Policía siguiendo el modelo cordobés- le sugirió al gobernador cuyano que sea ésa la postura de la provincia.
Es que, junto a José Manuel de la Sota y Jorge Obeid, Cobos piensa que el plan de Béliz está diseñado en función de las necesidades del Gran Buenos Aires y la Capital Federal.
Por eso, en la bicameral, oficialismo y oposición decidieron programar una audiencia con el gobernador en la que le sugerirán al mandatario que aproveche el auge del tema inseguridad y pida a Nación que provea el programa local contra el delito que se lanzó durante la gestión de Roberto Iglesias.
«Si la Nación va a invertir 70 millones de pesos en la creación de una fuerza policial, nosotros tenemos que pedir plata para reforzar el Plan Quinquenal. En vez de que envíen la Brigada K a Mendoza, que nos den plata para la Policía», afirmó José Alvarez (PD), presidente de la Bicameral de Seguridad.
El plan de seguridad que todos los sectores políticos locales quieren mostrarle a Kirchner consiste en una inversión de $ 400 millones en cinco años.
Esta cifra serviría para duplicar el personal de la Policía, poner a andar a pleno el Código Procesal Penal y ampliar la infraestructura penitenciaria de la provincia hasta 2007.
Por su parte, en la tropa más conforme con el plan nacional, el gobernador de Tucumán, José Alperovich, consideró ayer que el plan de seguridad «es una firme política de Estado».
Alperovich dijo que «la propuesta del gobierno nacional es tan amplia como ambiciosa y abierta a su perfeccionamiento en la puesta en práctica según las realidades de cada provincia».
«Es la primera vez que se plantea de manera tan firme una política de Estado en materia de seguridad y hay algunos aspectos nodales que no pueden dejar de destacarse, como atender al viejo mandato constitucional del juicio por jurados», señaló el gobernador de Tucumán.