Picando en punta, los ministros de Hacienda radicales presentaron ayer sus críticas y dudas. Sin embargo, no se fueron conformes porque -aseguró una fuente provincial- «el gobierno sólo permite correcciones mínimas pero no cambios de importancia».
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En el lote de ítems que aún no conforman a las provincias radicales -que no estarían todavía dispuestas a firmar ningún acuerdo marco, más allá de las urgencias de Néstor Kirchner- se encuentran la definición del mecanismo por el cual se administrará el Fondo de Equidad Social -conformado por 24% del excedente en la recaudación-, y la forma en que se implementará el índice de Solvencia Fiscal.
En rigor, los enviados provinciales se llevaron la sorpresa de que el gobierno nacional se mostró muy preocupado por mostrar algún avance en la discusión por la coparticipación ante el FM I, pidiéndoles que a todas las presentaciones de pedidos de modificación del proyecto de ley les pongan fecha 31 de marzo. Precisamente la fecha tope puesta por el organismo internacional para la firma de un acuerdo Nación - provincias en esta materia.
El oído nacional corrió por cuenta de Leonardo Madcur, en su carácter de integrante de la comisión tripartita (por el Ministerio de Economía) designada por el gobierno nacional para comandar las negociaciones con las provincias en materia de coparticipación, y el secretario de Relación con Provincias de la cartera de Hacienda, Carlos Fernández. Por la vereda provincial se acomodaron los ministros de Hacienda de Mendoza, Alejandro Gallego; de Chaco, Roberto D'ell Orto; de Corrientes, Enrique Vaz Torres, además del subsecretario de Ingresos Públicos de Catamarca, Carlos Mazzoni. También fueron de la partida los senadores nacionales Ernesto Sanz (Mendoza), Gerardo Morales (Jujuy) y Noel Breard (Corrientes).
En rigor, los enviados provinciales tenían acordado inicialmente mantener un encuentro con el vicejefe de Gabinete, Juan Carlos Pezoa, también miembro de la comisión negociadora. El viraje a último momento de la agenda oficial no cayó bien entre los funcionarios del radicalismo.
Sin embargo, los radicales se llevaron del encuentro algunas definiciones:
• que tras la rúbrica del acuerdo-marco por parte de los gobernadores habrá 60 días para elaborar entonces la letra de la ley de coparticipación que tratará el Congreso nacional;
• que el Fondo de Equidad Social -que se nutrirá de 24% del excedente en la recaudación- estará destinado al Noroeste y al Nordeste, y a los cuatro grandes conglomerados urbanos del país: Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario y Gran Mendoza;
• que Nación planea elevar en forma conjunta el proyecto de ley de coparticipación juntamente con el de responsabilidad fiscal, ley que establecerá pautas concretas para la administración de las provincias, por caso, para obtener financiamiento.
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