La provincia de Buenos Aires avanza en el megaoperativo para conseguir que unos 35 mil grandes evasores de impuestos paguen al fisco más de $ 2.000 millones e informó ayer que podría recurrir a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y a la Justicia Electoral para conseguir datos que permitan localizar morosos.
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Paralelamente, la Subsecretaría de Ingresos Públicos, conducida por Santiago Montoya, envió cartas documento a los bancos para recordarles que el 22 de diciembre vence el plazo para que informen si esos deudores impositivos poseen cajas de seguridad, las cuales serían pasibles de allanamiento, vía orden judicial.
La jornada de ayer tuvo características especiales en el marco de la lucha antievasión, ya que unos 3.300 efectivos salieron a las calles para inspeccionar domicilios particulares y laborales de los morosos en cuestión. El propio Montoya tocó puertas y timbres en La Plata, en una tarea que sirvió para comprobar que en todo Buenos Aires muchos de los domicilios declarados por los morosos no eran reales, según se informó ayer desde el Ministerio de Economía.
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