Comienzan amparos por estatización de AFJP

Luego de que el jueves pasado a la noche se aprobarala ley de estatización de fondos de jubilaciones, los abogados ya se preparan para ir a la Justicia en reclamo de que se declare la inconstitucionalidad de esa norma. La justificación sería que se avanza en una confiscación de los fondos, se violaría el derecho de propiedad, además de que imposibilitan la elección de a dónde dirigir los ahorros previsionales y, en contra de las administradoras, porque se permitió que se dispusiera de los fondos recibidos de los aportantes.

«Se va a dar una ola de ligitiosidad. Va a haber numerosas acciones judiciales, ya que esta decisión afectó a mucha gente», indicó el abogado Jorge Vanossi. Según opinó, el problema no está en la estatización en sí, debido a que en varios países existe un sistema público, como en Suecia, Dinamarca o Noruega. «El inconveniente es la incautación de los fondos, porque la ley es confiscatoria, hecho que está prohibido por la Constitución nacional», indicó.

Coinciden en esta apreciación los abogados Tamara Weil y Fabián Bergenfeld. Según explicaron, el artículo 17 de la Constitución nacional explicita que «la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella», además de que «la expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada». Según finaliza el artículo, «la confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal Argentino».

Por eso, los letrados aconsejan que los aportantes inicien acciones de amparo para solicitar la inconstitucionalidad de la ley, impulsada por el titular de la ANSeS, Amado Boudou, por encontrar que viola el derecho de propiedad y, además, por hallarla confiscatoria de los aportes hechos a las AFJP, organizaciones que tienen fecha de extinción, tal como se las conoce hoy, a principios de 2009.

«La gente está consultando de manera masiva. Algunos tienen un poco de temor de iniciar acciones, pero recuerdo que lo mismo ocurría con el ' corralito'. En ese momento, nadie imaginó que se iba a entregar efectivo por los depósitos como luego ocurrió», explicó Weil. Para ella, las acciones hay que iniciarlas principalmente en contra del Estado. «Las AFJP en dos meses no existen más, por lo que no tiene mucho sentido», indicó.

Bergenfeld, por su parte, aseguró que «se están preparando centenares de acciones de amparo para declarar la inconstitucionalidad de la ley». Según recordó, ahora están en funciones los mismos jueces que años atrás, cuando fallaron en los casos de los «corralito». «Si respetan sus precedentes, tienen que hacer lugar a estos nuevos reclamos», indicó.

El costo de presentar un recurso de amparo en la Justicia varía de abogado en abogado. Los honorarios por gastos oscilan entre $ 500 y $ 1.500, monto para tener en cuenta al momento del inicio de la acción judicial.

Resguardo

La opción de iniciar un amparo es para resolver la cuestión de fondo, que es la inconstitucionalidad de la ley. Sin embargo, dentro de este recurso los letrados aconsejan incluir una medida de no innovar, para resguardar los fondos de cada afiliado. « Vamos a solicitar una medida cautelar para que no se puedan embargar los fondos individualizados de los aportantes», explicó Bergenfeld. Según está previsto en la agenda oficial, los fondos pasarán desde las AFJP hacia el Estado en 10 días.

Weil detalló que el perfil de quienes más consultas hicieron es de empleados de multinacionales, de sueldos altos, en torno a 40 años, que además hicieron aportes voluntarios. «Es mucho dinero. Los más afectados son los que no están en sus últimos 10 años de aportes, ya que ahora van a recibir una jubilación según ese lapso», explicó.