Eliminarían ventajas impositivas para recaudar $ 900 millones más
El gobierno enviará al Congreso en los próximos días un paquete impositivo (son por lo menos cinco proyectos de ley) destinado a aumentar en más de $ 900 millones anuales la recaudación. Concretamente no tratan de la creación de impuestos, sino que la base del paquete es la eliminación de beneficios o exenciones. Nuevamente se buscará terminar con el subsidio a las naftas en la Patagonia. Con esta medida, que ya intentaron sin éxito los ex ministros Roque Fernández y Ricardo López Murphy, se recaudarían como mínimo $ 230 millones anuales. También el gobierno quiere aprovechar el buen momento de las exportaciones, incluyendo en el pago de Ganancias los reembolsos que reciben las empresas por sus ventas al exterior. Por este rubro se obtendrían unos 300 millones de pesos extra. Es una manera de mejorar además el resultado anual del Impuesto a las Ganancias, muy castigado por las consecuencias de la recesión. Otra medida es terminar con los resabios de los fallidos planes de competitividad que lanzó Domingo Cavallo el año pasado. En este caso, se buscará eliminar las exenciones en el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. Se podrían así obtemás de 300 millones de pesos por esta vía. Se buscará también aplicar una alícuota de 1% cuando el contribuyente liquide impuestos nacionales a través de LECOP o patacones. En este caso, se obtendrían 80 millones de pesos. El pago se haría con los mismos bonos -no en pesos- y lo obtenido iría a financiar los planes de Jefas y Jefes de Hogar que también se liquidan en títulos públicos. Otra medida será la extensión de 5 a 10 años del período por el cual las empresas pueden computar las pérdidas generadas por quebrantos. Esta fue reclamada por muchas multinacionales y empresas privatizadas. Se podrían computar así las consecuencias de la salida de la convertibilidad y aliviar al menos contablemente a las empresas que tuvieron que recurrir al concurso o la quiebra para poder continuar operando. Las medidas se enviarán al Congreso de manera independiente y en diferentes proyectos de ley. El equipo de Roberto Lavagna quiere que el paquete esté aprobado en lo posible antes de octubre, para que pueda aplicarse sin problemas en 2003.
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• Otra medida que lanzará el gobierno a través de un proyecto de ley es la obligación de pagar 1% para los contribuyentes que cumplan con sus obligaciones impositivas nacionales a través de títulos como LECOP o patacones. Esta alícuota trabajará como una especie de «impuesto al cheque» para este tipo de operaciones, ya que actualmente la liquidación de tributos por esta vía está exenta del impuesto a los débitos y créditos bancarios. El pago se realizaría en el mismo título (Patacón o LECOP) y el dinero que se obtenga iría a las fuentes de financiamiento del plan Jefes y Jefas de Hogar que liquida en estos títulos. Por esta vía se obtendrían unos 80 millones de pesos anuales.
• Nuevamente el Poder Ejecutivo intentará que el Congreso apruebe la eliminación del subsidio a las naftas en la Patagonia. Según los cálculos de la secretaría de Hacienda, por esta vía se recaudarían unos 230 millones de pesos anuales, provenientes de la exención del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) que actualmente tiene una alícuota de 0,5355 centavos por litro. La intención del gobierno de Eduardo Duhalde no es original. Ya habían probado sin éxito derogar este beneficio Roque Fernández en 1998 y Ricardo López Murphy en 2001. En ambos casos la decisión fue negociada antes con el FMI y también en las dos oportunidades fue la presión política de los senadores de las provincias patagónicas lo que impidió el avance. En el actual marco de debilidad política en el que se maneja el gobierno de Duhalde es muy difícil que pueda avanzar la derogación de este beneficio.
• Otra modificación impositiva que quiere impulsar Economía, es la de aumentar de 5 a 10 años la posibilidad de computar las pérdidas generadas por quebrantos. Este límite de tiempo es el máximo autorizado por la legislación contable internacional y dentro del equipo de Lavagna se cree que sería una herramienta útil para fomentar inversiones en el país. Esto ocurriría a partir de que las empresas podrían computar en 10 años en lugar de 5, y ya desde este ejercicio, las consecuencias de la salida de la convertibilidad y la avalancha de quebrantos que se generaron este año por la recesión. En particular la medida beneficiaría a las empresas de servicios públicos privatizados y a las filiales locales de grandes multinacionales, que pueden adecuar las pérdidas en sus balances generales en un lapso de tiempo mayor. Para el fisco implicaría indirectamente una mejora importante en la declaración de Ganancias del ejercicio 2002. Esta medida era también reclamada desde la misma salida de la convertibilidad por los grandes estudios de auditoría que trabajan en el país.




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