Una preocupación comenzó a tomar cuerpo esta semana entre los operadoresde granos: el precio de la soja podría caer hasta 3% a partir del próximo lunes en el mercado local si se implementara un sistema de pago de las patentes de semillas impulsado por la empresa Monsanto. Esto significaría un duro golpe al precio que recibe el productor, ya que dicho porcentaje se sumaría al pago de las retenciones -23,5% para la oleaginosa-, lo que implicaría que el hombre de campo argentino recibiría un precio casi 30% inferior al que recibe el mismo productor en Estados Unidos, en Uruguay o Brasil.
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La discusión acumula más de un año y se centra en la necesidad de un reconocimiento por la investigación en tecnología de semillas. Esto no está, aparentemente, en discusión, sino los procedimientos y la metodología. Durante gran parte de 2004, semilleros y productores discutieron una forma de pago por las regalías. Desde la Secretaría de Agricultura se prometió un proyecto de ley que nunca llegó al Congreso de la Nación. Cuando parecía aproximarse un acuerdo entre privados, el secretario Miguel Santiago Campos pateó el tablero y convocó a todos los interesados. No hubo acuerdo y se ensució el terreno con intereses encontrados entre entidades que agruparon a productores -que deben mostrar gestiones y evitar el pago de un alto canon-, los semilleros -que, reunidos en una cámara, no pudieron evitar internas y terminaron enfrentados hasta con la empresa Monsanto (la compañía que ha desarrollado mayor cantidad de tecnología en semillas en el mundo) y, por último, el Estado, que no terminó de definir un «acuerdo» que firmaron unos pocos y que finalmente no resolvió nada.
A fines de noviembre, Monsanto avisó al Centro de Exportadores que estaba « formalmente ofreciendo y solicitando la firma de la licencia de comercialización internacionalde soja Roundup Ready para la campaña-2004/'05". El ofrecimiento consistía en el pago de una regalía de 3% con un descuento en el primer año de 1%. Calculado sobre una soja de u$s 150 por tonelada (que implicaría el pago de u$s 4,5), el valor final terminaba siendo de u$s 3 con la bonificación propuesta. La fecha límite para pedir la licencia sería el 15 de enero. A partir de lunes 17, ningún barco podría partir sin su licencia internacional por soja transgénica.
Como las reuniones continuaron durante diciembre, pocos creyeron que Monsanto aplicaría esta medida planteada como transitoria hasta tanto el Estado definiera un sistema por ley. Pero los tiempos legislativos impedirían que esto se defina al menos para la campaña 2004/'05. El nuevo sistema de licencias de comercialización internacional que aplicaría Monsanto por el uso de su tecnología fue avisado también a casi 25.000 productores que utilizan el germoplasma y Roundup Ready.
• Protesta
Esto motivó sobre el fin de año una fuerte protesta pública de los productores. La Sociedad Rural Argentina fue la más virulenta para acusar a la empresa de amenazar con «detener barcos en puertos de destino amparados en la legislación de los países donde ha registrado la patente de ese gen» y adujeron que la empresa «no ha registrado patente sobre el evento de soja RR en la Argentina». Coninagro acusó de «incoherencia empresarial» y de desconocer la legislación argentina que autoriza el uso propio de semillas» y de afectar el mercado de futuros.
La Federación Agraria Argentina calificó la decisión de Monsanto como «un nuevo atropello» e instó a las delegaciones del exterior de «gestionar en cada país que no se reconozca ni admita dicha forma compulsiva de cobro ilegal de regalías».
En tanto, Confederaciones Rurales Argentinas fue la más moderada, además de firmar el acuerdo con Agricultura, sólo calificó de «lamentable» la pretensión de Monsanto y pidió a la compañía que « recapacite y deje el camino de la confrontación unilateral».
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