El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, recibirá en las próximas horas al delegado del Ministerio de Economía de Roberto Lavagna, Oscar Tangelson (secretario de Política Económica), para evaluar una situación clave generada por la crisis política entre Néstor Kirchner y el Partido Justicialista. Los dos funcionarios pasarán revista al mapa y al cronograma de leyes económicas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que podrían sufrir algún retraso en su tratamiento y sanción, lo que quizás alteraría la marcha en las relaciones con el organismo que dirige Anne Krueger.
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Esto, en vista a que ya en julio llegarán a Buenos Aires los representantes del FMI para negociar la tercera etapa del acuerdo firmado en setiembre del año pasado, resulta ahora un capítulo clave y un nuevo frente peligroso para la Argentina. Según una fuente de Economía, «si no hay avances en el trato con los acreedores, cualquier retraso en la sanción de alguna de las leyes comprometidas podría servir de excusa para que se caiga el resto del acuerdo».
En concreto, lo que el gobierno puede jugarse en cuantoal acuerdo con el FMI ( según la carta que Roberto Lavagna envió al organismo el 23 de marzo pasado ante la aprobación de la segunda revisión) si la pelea interna continúa su marcha y se traslada al Congreso, sería lo siguiente.
• Ley de coparticipación. Es donde más podría afectar una crisis política, ya que está en juego la relación económica presente y futura entre los gobernadores y los legisladores con el gobierno; y donde más afinidad se requiere para negociar. Según la carta, a fines de marzo (en teoría esta semana) se esperaba definir un acuerdo con los gobernadores que « garantice la disciplina presupuestaria» en las provincias. Un solo gobernador que no se adhiera a este compromiso y en teoría podría caer el capítulo. Siguiendo la carta, el acuerdo debería ser enviado al Congreso a fines de mayo de 2004 y en agosto de este año debería estar siendo aprobado por las legislaturas provinciales.
• Reforma de la política impositiva. Para «fortalecer los impuestos clave» y eliminar «impuestos distorsivos», el gobierno se comprometió a enviar un proyecto al Congreso en setiembre de 2004, junto con el Presupuesto 2005.
• Paquete antievasión. Esta semana Néstor Kirchner,Alberto Fernández y Roberto Lavagna deberían reunirse para definir los puntos principales del segundo paquete de este tipo que lanza el gobierno, presentar en sociedad las reformas y enviar oportunamente al Congreso (a fines de marzo según dice la carta) la media docena de leyes que deberían reformar la Aduana y parte de régimen previsional; además de nuevos cambios en los mecanismos de fiscalización. Si se tiene en cuenta que el paquete anterior, que modificó parte del régimen impositivo y el monotributo, demandó con un Congreso favorable más de cinco meses de tratamiento, este nuevo paquete podría ser aprobado hacia fines de año, comprometiendo su aplicación durante 2004.
• Reforma previsional. Lavagna planificó presentar en sociedad su proyecto de modificación del régimen de jubilaciones y pensiones para junio de 2004. Así figura además en la carta enviada al FMI, donde se menciona que el gobierno se abrirá a «recibir los comentarios de todas las partes interesadas» y que posteriormente el proyecto llegará al Congreso en algún momento del segundo semestre. Podría ser uno de los proyectos que, de no haber acuerdos políticos sólidos, quede para el próximo año.
• Servicios públicos. La carta menciona la intención de «fortalecer el marco regulatorio para los servicios públicos», por lo que se presentará un proyecto de ley que modifique este capítulo en el segundo semestre de este año. Incluye capítulos conflictivos como el energético y el de distribución de servicios, donde necesariamente se necesita diálogo entre el gobierno nacional y las provincias.
En total se trata de un mínimo de 15 proyectos de leyes, divididos en varios paquetes simultáneos que debería tratar el Legislativo antes de fin de año. Se trata de acuerdos que además necesitan el aval de las Legislaturas provinciales; con lo cual se requiere «sine qua non» un muy buen nivel de diálogo entre la Nación y los gobernadores. Y en cualquiera de los proyectos, si no hay avances y cumplimientos en el cronograma oficial, habrá que pedir perdones al directorio del FMI para que la tercera revisión de setiembre sea aprobada.
En la cartera de Lavagna aparece ahora el temor sobre cómo sería el escenario económico de la Argentina si no hay avances serios en las negociaciones con los acreedores (incluso un acuerdo semicerrado, según a lo que se comprometió la Argentina en la carta), una crisis política que impida el avance en los compromisos asumidos con el FMI para cumplir con las reformas estructurales podría resultar letal para el gobierno de Néstor Kirchner, por lo menos en su relación con el Fondo.
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