El Gobierno enfrentará en febrero un escenario de creciente conflictividad sindical, con paros anunciados y medidas de fuerza en evaluación por parte de distintos gremios estratégicos, en un contexto atravesado por el debate de la reforma laboral en el Congreso y negociaciones salariales estancadas que elevan la presión sobre la gestión de Javier Milei.
Febrero de alta conflictividad laboral: qué sectores harán paro y el plan de la CGT
Estatales, controladores aéreos y choferes de colectivos anticipan posibles medidas de fuerza en febrero, mientras la CGT analiza su estrategia frente a la reforma laboral y el aumento del conflicto social.
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Finalizó la conciliación obligatoria y los controladores aéreos anunciaron paros para febrero
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No hubo acuerdo entre la UTA y las empresas de transporte y crece la posibilidad del paro
Febrero se perfila con múltiples paros y medidas de fuerza de gremios clave, en un clima de creciente conflictividad sindical y presión sobre el Gobierno.
La agenda del mes próximo combina reclamos sectoriales, vencimientos de conciliaciones obligatorias y definiciones clave de la CGT, que deberá resolver si avanza con un plan de lucha unificado o habilita protestas fragmentadas, mientras el oficialismo intenta sostener la gobernabilidad en medio de las sesiones extraordinarias.
Paro de ATE contra la reforma laboral
Los sindicatos estatales nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) resolvieron convocar a un paro general para el 11 de febrero, fecha prevista para el tratamiento de la reforma laboral en el Senado de la Nación. La medida fue impulsada por el Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, que también evalúa acciones en todo el país.
“Ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero, pero no puede ser una medida aislada”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. El dirigente también exhortó a “pensar en un plan de lucha que comience con anterioridad” y a movilizarse en provincias cuyos gobernadores respalden el proyecto oficial.
Desde el gremio advierten que la reforma “sí afecta al sector público” y mencionan organismos como PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, DGI, Aduana, ACUMAR y el Hospital Garrahan, entre otros, además de cuestionar cambios en la figura del monotributo.
Controladores aéreos: terminó la conciliación y anuncian paros en febrero
Otro frente de conflicto se abrió en el sector aeronáutico, luego de que la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) confirmara el fin de la conciliación obligatoria con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) sin acuerdo salarial.
“Transcurridos los plazos, no se logró arribar a un acuerdo, por lo que el Plenario ratificó la adopción de medidas legítimas de acción sindical a partir del mes de febrero”, informó el gremio en un comunicado. Si bien aún no se definieron fechas, las medidas podrían afectar vuelos en plena temporada alta.
Desde EANA remarcan que los servicios de navegación aérea son esenciales y que cualquier acción debe respetar los marcos legales, mientras el sindicato denuncia falta de diálogo e incumplimientos desde agosto del año pasado.
UTA y colectivos: negociación abierta y amenaza de paro
En el transporte automotor, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) volvió a fracasar en la negociación paritaria con las cámaras empresarias y mantiene latente la posibilidad de un paro de colectivos. El gremio rechazó una oferta del 1% y espera una nueva audiencia fijada para el viernes 30 de enero a las 11.
“El salario básico del sector es de $1.370.000 y el reclamo es llevarlo por encima de los $1.550.000”, señalaron desde el sindicato, que advirtió que, de no haber acuerdo, “se anunciarán inmediatamente medidas de acción gremial”.
Las empresas sostienen que el aumento solo sería viable con más subsidios o una suba de tarifas, en un contexto de cambios en la Secretaría de Trabajo que suman incertidumbre a la negociación.
CGT y UOM: definiciones clave para el clima social
En paralelo, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se reunirá con la CGT para definir los próximos pasos frente al avance de la reforma laboral y la escalada de conflictos sectoriales. La central obrera analiza si respalda un paro general o mantiene una estrategia gradual, mientras crece la presión de los gremios de base.
Febrero se perfila así como un mes clave para el Gobierno, con desafíos simultáneos en el Congreso y en la calle, y una conflictividad laboral que amenaza con marcar el pulso político del inicio del año legislativo.
Conflictos en los puertos: intervención policial en Entre Ríos y tensión sindical en Santa Cruz
A los paros anunciados a nivel nacional se suman conflictos abiertos en puertos estratégicos de Entre Ríos y Santa Cruz, que exponen disputas gremiales, intervenciones del Estado y un clima de alta tensión laboral en las provincias.
En Entre Ríos, la Policía provincial, con apoyo de Prefectura, debió intervenir para liberar el acceso al Puerto de Concepción del Uruguay, bloqueado por una protesta sindical que impedía el ingreso de camiones. El conflicto involucró a la empresa Urcel y a dos facciones del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), enfrentadas por la representación de los estibadores locales.
El operativo dejó agentes heridos y seis personas detenidas. Tras los hechos, la Secretaría de Trabajo provincial dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles y convocó a una audiencia para el 10 de febrero. Mientras el Gobierno defendió el accionar policial, sectores gremiales denunciaron represión y advirtieron que podrían extender las protestas a otros puertos del país.
En Santa Cruz, el foco de conflicto se trasladó al sector educativo. El gobierno de Claudio Vidal aplicó una multa superior a los 126 millones de pesos al gremio docente ADOSAC por no acatar una conciliación obligatoria durante una medida de fuerza realizada en julio de 2025. La sanción tensó el inicio del ciclo lectivo, en momentos en que el sindicato reclama la reapertura de paritarias.
Desde el gremio adelantaron que apelarán la multa y advirtieron que, si no hay respuestas salariales y devolución de descuentos, el comienzo de clases previsto para el 25 de febrero podría verse afectado.
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