Especialista Laura Lavega advirtió por la discapacidad ausente en el discurso presidencial

En la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei no dedicó una sola palabra a la crisis que atraviesa el sistema de atención a personas con discapacidad. El trasfondo de una omisión que, según denuncia Lavega, confirma una política de ajuste, recortes y desmantelamiento. Para la referente del sector en la Provincia de Buenos Aires, no fue un olvido: “El silencio también comunica”.

Las denuncias del sector apuntan a atrasos sistemáticos en los pagos, a un nomenclador que —con una intención de  actualizarlo— quedó desfasado frente a la inflación y a la falta de restitución de pensiones en numerosos casos.

El 1 de marzo, en el recinto del Congreso de la Nación, el presidente Javier Milei encabezó la apertura de las sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa. Durante más de una hora, el mandatario repasó ejes económicos, defendió el ajuste fiscal, cuestionó a la oposición y delineó su hoja de ruta para el año parlamentario. Sin embargo, en un país atravesado por insistentes reclamos del sector de discapacidad —con atrasos en pagos, aranceles desactualizados, cierres de instituciones y conflictos judiciales— no hubo una sola mención a esa problemática. En ese marco de omisión, la voz de Laura Lavega emerge como una advertencia: lo que no se nombra, también se decide.

Mientras escuchábamos las críticas a la “casta”, afuera, el sector acumula meses de atrasos en pagos, aranceles desactualizados, cierres de instituciones y protestas.

Para Lavega, referente en discapacidad en la Provincia de Buenos Aires, la omisión no fue casual. “No fue un descuido. Cuando en la apertura de sesiones se omite mencionar a las personas con discapacidad en un contexto de cierres de instituciones, demoras en pagos y falta de insumos, eso es una definición política”, afirmó

La dirigente lo dice con precisión quirúrgica: la ausencia en el discurso presidencial no es sólo simbólica, es estructural. “El silencio también comunica. Y en este caso comunica que la discapacidad no está hoy en el centro de la agenda. Cuando no se habla del tema mientras el sector atraviesa una crisis estructural, se está naturalizando el ajuste.”

El oficialismo llegó al poder bajo la consigna de que “el ajuste lo pagaba la política”. Sin embargo, en el universo de la discapacidad, el impacto es tangible.

“Se dijo que ‘el ajuste lo pagaba la política’. Hoy vemos que el ajuste lo están pagando las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores.”

Las denuncias del sector apuntan a atrasos sistemáticos en los pagos, a un nomenclador que —con una intención de actualizarlo— quedó desfasado frente a la inflación y a la falta de restitución de pensiones en numerosos casos.

“Hay atrasos sistemáticos en los pagos, aranceles que no cubren los costos reales de funcionamiento, un nomenclador que está formalmente ‘actualizado’ pero en términos reales absolutamente desfasado frente a la inflación.”

Las consecuencias, según Laura, son vitales: “Esto impacta directamente en la vida de las personas con discapacidad: terapias que se reducen, transportes que no pueden sostener recorridos, talleres protegidos cobrando $28.000 pesos por mes, profesionales que se van del sistema porque no pueden sostener su trabajo.”

En paralelo, la revisión y recorte de pensiones no contributivas dejó a miles de personas atravesando procesos administrativos prolongados y complejos. A esto se suma la subejecución presupuestaria en áreas sensibles y la demora en actualizaciones que permitan sostener la red de atención.

“No estamos hablando de números. Estamos hablando de derechos vulnerados.”

¿Crisis o desmantelamiento?

Centros de día al borde del cierre, hogares que reducen prestaciones, profesionales que migran a otros sectores ante la imposibilidad de sostener su trabajo. Lo que comenzó como una advertencia hoy se describe como una emergencia imposible de sostener.

“Lo que estamos viendo ya no parece solo una crisis coyuntural. Hay un desgaste extremo: profesionales que dejan el sistema, centros que reducen servicios, instituciones que cierran. Cuando eso se vuelve sostenido en el tiempo, empieza a configurar un proceso de desmantelamiento.”

El sistema argentino de atención a la discapacidad fue construido durante décadas mediante una articulación público-privada compleja, con fuerte participación comunitaria. Su debilitamiento no se recompone con rapidez y el rompimiento de estructuras históricas y funcionales, tiene un precio muy alto en la vida de todas las personas del sector. Sobre esto Lavega advierte: “Si no se toman medidas urgentes, ese entramado puede romperse. Y reconstruirlo después va a ser muchísimo más difícil.”

Silencios oficiales y respuestas fragmentadas

En términos institucionales, Laura describe escenarios dispares según el nivel del Estado. Algunos municipios y provincias sostienen el diálogo, aunque los recursos no son suficientes. A nivel nacional, la sensación es distinta.

“A nivel nacional, lo que predomina es el silencio o respuestas fragmentadas que no abordan el problema de fondo: financiamiento, actualización real del nomenclador, pago en tiempo y forma y restitución plena de derechos.”

La ausencia del tema en la apertura legislativa, para la referente bonaerense, consolida esa línea.

“Necesitamos mesas de trabajo reales, no solo formales. Y necesitamos que la discapacidad vuelva a ser una prioridad política, no un tema residual.”

El escenario que viene

Para la especialista, si la política de demoras y ajuste continúa, el panorama proyectado es crítico.

“Si el Estado continúa con demoras, subejecución y falta de decisión política, el escenario es preocupante: más instituciones cerradas, más profesionales fuera del sistema, más familias desprotegidas.”

La exclusión del debate público tiene consecuencias profundas.

“Cuando la discapacidad queda fuera del debate político, lo que se pierde no es solo presupuesto: se pierde inclusión, autonomía y calidad de vida. Se profundiza la desigualdad.”

Y agrega, desde su experiencia cotidiana:

“Yo lo digo no solo como referente del sector, sino como mujer que hace años trabaja en un hogar y centro de día: detrás de cada recorte hay una historia, hay una persona, hay una familia que sufre.”

Para Lavega, la discapacidad no puede reducirse a una variable fiscal.

“La discapacidad no es un gasto. Es una responsabilidad social y un compromiso ético del Estado.”

Su proyección final es contundente:

“El escenario más visible a futuro a corto y largo plazo es EL COMBATE.”

Más allá de las diferencias partidarias, la discusión excede cualquier bandera electoral. El llamado es directo: que nadie naturalice el retroceso.

Porque, como advierte Lavega, cuando la discapacidad queda fuera de la agenda política, no desaparece el problema: desaparecen los derechos.

Mas allá de a quien vota cada ciudadano, debemos profundizar sobre lo que este gobierno desarmó con recortes, demoras, subejecución y silencios que impactan de lleno en los derechos de todos y todas. La memoria también es una forma de defensa.