La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú reclamó medidas concretas al Gobierno para lograr la erradicación de la planta papelera de Botnia de Fray Bentos.
Por quinto año consecutivo, miles de personas marcharon sobre el puente General San Martín para repudiar el funcionamiento de la papelera de Botnia y respaldar a los asambleístas, que ratificaron el corte de ruta 136 "más allá de lo que diriman en la Corte de La Haya" los gobiernos de Argentina y Uruguay.
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De acuerdo a los organizadores, transitaron por el puente cerca de 95 mil personas, entre ellas dirigentes políticos provinciales y nacionales que se mezclaron con las delegaciones que llegaron "desde localidades vecinas y de otras provincias como Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe y Córdoba", indicó el asambleísta Gustavo Rivollier.
En esta ocasión, la proclama de la Asamblea Ambiental tuvo como blancos al gobierno nacional y provincial, por la falta de "medidas concretas" para lograr la erradicación de la planta, y la administración uruguaya a cargo del presidente Tabaré Vázquez, a quien calificaron de "traidor".
"Nuestra lucha es por el derecho a la vida y por ello seguiremos andando incansablemente. Más allá de lo que diriman en La Haya los estados, nuestros pueblos seguirán caminando hasta que volvamos a abrazarnos, argentinos y uruguayos, para celebrar que Botnia se ha ido", advirtieron los asambleístas en el documento leído al cierre de la movilización sobre el puente.
Fue un llamado de atención a la Casa Rosada, en el marco de que la controversia que ambos países mantienen por la violación al Tratado del Río Uruguay en la Corte Internacional de Justicia de La Haya -el máximo tribunal de la ONU-, que tiene previsto dar su fallo definitivo recién a fines de 2010.
"Al Gobierno nacional le exigimos coherencia, medidas concretas que solamente requieren voluntad política de la presidenta Cristina Kirchner", señalaron los asambleístas, al reclamar la aplicación del Código Aduanero, una ley provincial a la madera y que se cumpla con un "plan de contingencia efectivo" para "contrarrestarlas consecuencias del funcionamiento" de la fábrica en la zona.
Además, los asambleístas recordaron los últimos incidentes por las emanaciones de la planta en el aire y en el agua y pidieron al Gobierno que publique "los datos reales" de los resultados de los estudios de impacto ambiental, los que la Secretaría de Ambiente reserva bajo un compromiso de "confidencialidad" para presentar como prueba ante el tribunal internacional.
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