El exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, declaró durante la penúltima del juicio por la tragedia de Once que no tuvo "absolutamente nada que ver" con el hecho. "No estoy dispuesto a llevar en mi conciencia algo en lo que no tuve absolutamente nada que ver. Reitero con total honestidad mi inocencia", aseveró.
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Jaime señaló la responsabilidad del motorman y dijo que "solo él y su conciencia sabrán lo que ocurrió en ese momento. Los peritos demostraron que el tren estaba en condiciones de frenar".
El juicio oral y público por la tragedia de Once tendrá su veredicto el 29 de diciembre próximo, luego de más de veinte meses de debate. Así lo informó el Tribunal Oral Federal número 2, al inicio de la audiencia en la que algunos de los imputados en este proceso hicieron uso del derecho a pronunciar sus últimas palabras antes de la sentencia.
En ese marco, el maquinista Marcos Córdoba aseguró que había hecho "todo lo posible por frenar el tren" y que él no tenía "la culpa" de que "el tren no haya frenado". Además, expresó su "solidaridad" con los familiares de las víctimas y sostuvo que su vida "cambió para siempre".
En la causa se investiga el hecho ocurrido el 22 de febrero de 2012, cuando un tren de la línea Sarmiento colisionó con la cabecera del andén número 2 de la estación terminal "Once de septiembre" y produjo 52 víctimas fatales y 789 lesionados.
Se encuentran imputados Sergio Claudio Cirigliano, Marcelo Alberto Calderón, Carlo Michele Ferrari, Carlos Alberto Lluch, Sergio Daniel Tempone, Jorge Álvarez, Guillermo Alberto D'Abenigno, Jorge Alberto de los Reyes, Alejandro Rubén Lopardo, Carlos Esteban Pont Vergés, Daniel Fernando Rubio, Víctor Eduardo Astrella, Oscar Alberto Gariboglio, Francisco Adalberto Pafumi, Pedro Roque Rainieri, Roque Ángel Cirigliano, José Doce Portas, Juan Pablo Schiavi, Ricardo Raúl Jaime, Pedro Ochoa Romero, Laura Aída Ballestero, Antonio Marcelo Ricardo Suárez, Miguel Werba, Daniel Guido Lodola, Luis Alberto Ninoná, Antonio Eduardo Sícaro, Marcos Antonio Córdoba y Mario Francisco Cirigliano.
De acuerdo al requerimiento fiscal de elevación a juicio, todos, a excepción de Córdoba, se encuentran acusados por los delitos de defraudación contra la administración pública y descarrilamiento culposo. Según el Código Penal, esos delitos tienen una escala de pena de 2 a 6 años de prisión y de 1 a 5 años de prisión, respectivamente. En tanto, Córdoba está imputado por el delito de descarrilamiento culposo, que tiene una escala de pena de 1 a 5 años de prisión.
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