¿Cárcel a periodistas que revelen secretos en EE.UU.?

«Siempre sentí que eras un guardián devoto de nuestras libertades civiles», le dice el Tío Sam a George Bush. «No es así de acuerdo con nuestros registros telefónicos», lo contradice el mandatario, según la visión humorística de Matt Davies, en «The Journal News», sobre el plan oficial de escuchas telefónicas dentro de EE.UU.

Washington (Reuters, AFP, EFE, ANSA, LF) - El secretario de Justicia (fiscal general) de los Estados Unidos, Alberto Gonzales, señaló ayer que el gobierno puede demandar ante los tribunales a los periodistas o medios de comunicación que publiquen información clasificada.

La definición, destinada a provocar una nueva y dura controversia entre la administración de George W. Bush y la prensa norteamericana, estuvo motivada por la decisión de «The New York Times» de revelar en diciembre último la existencia de un controvertido programa oficial secreto de espionaje a ciudadanos dentro de los Estados Unidos.

De acuerdo con la opinión de Gonzales, rechazada por la totalidad de la prensa de los EE.UU. y los grupos defensores de la libertad de expresión, la Primera Enmienda constitucional, que garantiza ese derecho, debe tener límites en lo que se refiere a asuntos de seguridad nacional.

«Soy consciente del rol que juega la prensa en nuestra sociedad y de la importancia de la libertad de prensa y de expresión. Pero no se puede permitir que este derecho quede por encima de los deseos de los estadounidenses de que el gobierno federal tenga la posibilidad de luchar contra las actividades criminales. Esos dos principios deben conjugarse de alguna manera, y yo que creo que eso es posible», manifestó.

Posibilidad

«Existen algunas disposiciones que, si usted las lee con cuidado, parecen indicar que existe la posibilidad» de demandar a periodistas y medios que revelen información secreta, señaló Gonzales en el programa «This Week», de ABC. Sus declaraciones fueron criticadas de inmediato por quienes sostienen que la posibilidad de demandar a los hombres de prensa y a los medios es un intento de generar autocensura.

El programa de espionaje interno dado a conocer por «The New York Times» permite a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) tener acceso a llamadas telefónicas internacionales y correos electrónicos de ciudadanos estadounidenses sin autorización judicial previa. La medida se enmarca en la guerra contra el terrorismo y en la necesidad de impedir atentados dentro de los Estados Unidos como los del 11 de setiembre de 2001.

Los críticos argumentan que el programa vulnera el derecho constitucional a la intimidad y viola el Acta de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de 1978, la que señala que es ilegal espiar a ciudadanos estadounidenses dentro del territorio nacional sin las órdenes pertinentes emitidas por una Corte.

El Departamento de Justicia está investigando quién reveló al «Times» el programa de vigilancia, explicó Gonzales. «Si la ley muestra que hubo un comportamiento criminal, en ese caso tendremos la obligación de intervenir», sostuvo.

«Actualmente estamos concentrados en una investigación sobre cuál sería el curso apropiado de acción en esta situación en particular, por lo tanto no voy a referirme, específicamente, sobre este punto», dijo Gonzales.

«¿Pero qué haremos en cada caso? Esta será una evaluación caso a caso respecto de lo que nos muestran las evidencias y nuestra interpretación de la ley», sostuvo Gonzales.

El fiscal general de los Estados Unidos además fue consultado acerca de una información publicada la semana pasada según la cual el gobierno está revisando los registros telefónicos de periodistas estadounidenses sin su conocimiento.

Confusión

Dos reporteros de «ABC News» dijeron en un sitio Web que un importante funcionario admitió que el gobierno está siguiéndoles la pista a los números telefónicos que los periodistas marcaban en un intento por identificar sus fuentes confidenciales.

«Yo creo que hay una confusión respecto de tales actividades. Nosotros no nos dedicamos a vigilar las llamadas nacionales sin la orden de una Corte», puntualizó Gonzales.

No es éste el primer encontronazo entre el gobierno republicano y la prensa. Uno de los últimos fue el «caso Plame», en referencia a la espía de la CIA Valerie Plame, cuyo nombre trascendió a la prensa, algo considerado delito en los Estados Unidos.

En este caso, la periodista de «The New York Times», Judith Miller, y de «Time», Matt Cooper, enfrentaron cargos federales por no haber revelado la identidad del funcionario que reveló el nombre de la agente.

Después de meses de presiones, Cooper aceptó cooperar con los fiscales, pero no así Miller, quien pasó más de dos meses en prisión.