13 de julio 2004 - 00:00

Investigan en Trabajo los planes falseados

Por los planes sociales, marcados por el manejo político y el clientelismo, el gobierno de Néstor Kirchner podría tener complicaciones en la Justicia. La denuncia sobre anomalías en municipios podría impactar sobre el gabinete nacional. No serían los únicos: también alcanzaría a funcionarios que estuvieron en la gestión de Eduardo Duhalde.

La entrega irregular de planes sociales, que disparó una investigación sobre intendentes y jefes piqueteros, también podría alcanzar a funcionarios actuales y de gestiones anteriores del Ministerio de Trabajo.
La entrega irregular de planes sociales, que disparó una investigación sobre intendentes y jefes piqueteros, también podría alcanzar a funcionarios actuales y de gestiones anteriores del Ministerio de Trabajo.
La onda expansiva de la investigación por la entrega irregular de planes sociales, detectada en casi un centenar de municipios bonaerenses, además de los propios grupos de piqueteros podría llegar más allá de los intendentes hasta alcanzar a ex ministros de Eduardo Duhalde e, incluso, a funcionarios del actual gobierno.

Como en la etapa de inscripción de los beneficiarios los municipios fueron sólo intermediarios -recepcionando las solicitudes-y la aceptación de cada pedido se operó desde la Nación, la investigación podría impactar sobre funcionarios y ex funcionarios nacionales.

Esa es, al menos, la estrategia que exponen intendentes de Buenos Aires para despegarse de las maniobras que, a partir de un relevamiento, comprobó el fiscal Guillermo Marijuan, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social ( UFISeS).

Hecha la denuncia, en adelante la investigación dependerá del impulso que le den los jueces federales con base en la provincia, causas en las que se espera un desfile de testigos por la cantidad de implicados directos o indirectos.

Según la UFISeS, se comprobó que 2.576 empleados municipales cobraron o cobran planes sociales y por eso son pasibles de ser imputados por el delito de defraudación a la Administración Pública que prevé una condena de hasta seis años de prisión.

En los próximos días, Marijuan aportaría datos sobre otros 1.000 casos, con lo que se ampliaría a 125 la cantidad de municipios donde se registraron anomalías.

Quedarán en la mira intendentes y ex intendentes, responsables sociales de los municipios y hasta ex funcionarios de Duhalde, por caso,
Graciela Camaño, que estuvo al frente de Trabajo durante la etapa de instrumentación del planes Jefas y Jefes de Hogar.

«Nosotros no sabíamos quiénes recibían planes para desocupados en nuestro distrito, porque eso lo determinaba el Ministerio de Trabajo a partir del cruce de datos que hacía la ANSeS»,
argumentó ayer un intendente peronista del sur del conurbano.

• Complicados

Como el relevamiento de Marijuan abarca desde 1998 hasta la fecha, la pesquisa podría complicar a actuales funcionarios del gobierno: el Plan Jefes, el más numeroso de todos, está bajo la órbita de la cartera de Trabajo, a cargo de Carlos Tomada.

Por el mismo motivo, no estarán exentos los responsables de las políticas sociales de
Carlos Menem y Fernando de la Rúa. De hecho, se registraron casos irregulares referidos al Plan Trabajar, programa que desapareció en 2002.

Por eso, cada caso podría convertirse en una Caja de Pandora:
hay, incluso, beneficiarios que se inscribieron a través de sindicatos o agrupaciones de desocupados; estos últimos, también investigados por otros presuntos ilícitos.

De todos modos, en primera instancia, el foco está sobre intendentes y, en algunos casos, sobre ex jefes comunales que dejaron sus cargos en los últimos años.

Desde el gobierno, el viceministro de Desarrollo Social,
Daniel Arroyo, confirmó la existencia de irregularidades. «Tienen que ver con gente que tenía un trabajo provincial y, además, estaba en el plan, pero ahora, como cruzamos todas las bases de datos que tenemos, surgen estas incompatibilidades, las detectamosy pedimos que se den de baja los beneficios sociales.»

La trabajosa instrumentación del Registro Unico de Beneficiarios, que promueve el gobierno, surge como un mecanismo preciso para evitar el cobro doble. Pero la superposición de planes y la dificultad para concentrar la información dificultan su definitiva puesta en marcha.

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