Lupa de la Justicia Federal a manejo castrense de los fondos para custodia de las elecciones

Política

La lupa se posó en la oficina de finanzas del Comando General Electoral. Si la Justicia inmoviliza cuentas, peligra el armado de la seguridad para el proceso electoral

La Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°12 a cargo de María Mangano se ocupará de investigar si en dependencias del Estado Mayor Conjunto (EMCO) se malversaron fondos asignados a la vigilancia y custodia de las PASO y de las elecciones de noviembre próximo. La lupa se posó en la oficina de finanzas del Comando General Electoral, un organismo creado por el decreto 283/2021 con la misión de coordinar y ejecutar las medidas de seguridad para garantizar la realización de las PASO y del comicio general del 14 de noviembre.

El Comando Electoral funciona bajo la jurisdicción del Comando Operacional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas a cargo del general Martín Deimundo Escobal. En paralelo con el fuero penal intervino la justicia militar que abrió un Legajo Disciplinario (sumario) a instancias del único denunciante en ambos procesos investigativos: el teniente coronel Gustavo Chávez Leguina.

La presentación del teniente coronel Chávez a la fiscalía expuso en 6 carillas presuntos delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles, omisión maliciosa, entre otros que se habrían plasmado a partir de maniobras de duplicidad de transferencias a proveedores, pago de viáticos apócrifos (inflar el número de beneficiarios), sustracción de información contable y reemplazo por otra amañada, pagos a empresas de transporte sin documentación reglamentaria, etc. Detalla, por caso, movimientos en una cuenta corriente del Banco de la Nación operada por el Comando Electoral que registra transferencias millonarias sucesivas por un monto idéntico ($ 9.064.676) a proveedores diferentes. Asombrosa coincidencia, inexplicable por la estadística o la teoría de probabilidades.

Hay más de un caso ofrecido como prueba por Chávez, -tesorero de la oficina de finanzas-, tanto en la justicia federal como en la declaración que prestó ante la requisitoria castrense. Todos señalan a un presunto responsable, el coronel de intendencia Raúl García, jefe del Departamento de Finanzas del Estado Mayor Conjunto. Puertas adentro del edificio Libertador, sede del EMCO la preocupación ganó despachos de uniformados y funcionarios de Defensa. Un escenario de investigación penal con inmovilización de las cuentas bancarias que utiliza el Comando Electoral pondría en jaque el soporte financiero del esquema de seguridad del proceso eleccionario de noviembre.

Casualidad o no, la minicrisis de los fondos dio para asesoramiento de un reconocido gurú de la política castrense. El titular del Comando Operacional y a la vez del Comando Electoral, Deimundo Escobal, ha brindado explicaciones y llevó tranquilidad a las autoridades de Defensa e Interior. De él depende que el personal del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y las fuerzas de seguridad puedan desplegarse en los 24 distritos del país para garantizar la custodia de las urnas y el desarrollo seguro de la elección.

Se lanzaron rumores sobre que la centralización del manejo de los fondos en el Comando Electoral dispuesta éste año por Deimundo Escobal a diferencia de la práctica anterior de distribuirlos y ejecutarlos en cada comando provincial, podría haber favorecido las presuntas actividades irregulares del coronel García. Especulaciones que no harían mella cierto blindaje de familia, lazos de amistad unen a Jorge Taiana con el ex embajador en Haití, Alejandro Deimundo Escobal, hermano del Comandante Electoral. El expediente de la pesquisa militar quedó en manos del coronel mayor Fernando Torres, abogado castrense que ejerce el cargo de auditor en el Estado Mayor Conjunto, un puesto que va de la mano del titular de quien ocupe la máxima posición en la pirámide militar, en la actualidad: el general de división Martín Paleo. Torres, oficial instructor del sumario aconsejó emitir órdenes de resguardo de la documentación e información respaldatoria a los destinos involucrados en las licitaciones de movilidad de personal y beneficiarios de viáticos durante las PASO.

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