Al Congreso la ley clave

Este fin de semana quedó confirmado algo que adelantara Ambito Financiero en exclusividad el viernes: no es tan importante para el Fondo Monetario Internacional una nueva ley de coparticipación para distribuir los fondos de ingreso nacional entre Nación y provincias, y sí la ley de responsabilidad fiscal. Concretamente, se confirmó que al FMI no le interesa tanto si, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires los propios argentinos deciden darle más fondos coparticipables que a una provincia como Santiago del Estero, hoy muy mal administrada por la inutilidad del fiscal Pablo Lanusse, que ni idea tiene del cargo al que fue destinado (inclusive quiere modificar la Constitución de esa provincia que desconoce). Lo que al Fondo le interesa es que si eso resolvieron dentro del país en lo fiscal, no vengan luego a Santiago los Juárez (cada día los reclaman más al ver el desempeño del interventor Lanusse que los suplantó por decisión de Kirchner) y quieran repararlo emitiendo una cuasi moneda provincial o asumiendo un enorme déficit. Lo mismo si se diera el caso en Santa Cruz, otra provincia de las peor administradas, en este caso por Sergio Acevedo que tiene el récord de empleados públicos provinciales sobre los restantes 23 distritos del país. Si deciden bajar la coparticipación porque tiene, junto a la mayor burocracia estatal, la única reserva provincial en el exterior, no sobrevenga después que caiga en déficit porque le hubieran bajado la coparticipación. Hábilmente, Kirchner jugó la carta de la ley de coparticipación -inclusive forzando desde el orden nacional aumentos a empleados públicos que sabía las provincias no podrían afrontar recurriendo al Presidente y comprometiéndose con él- pero en realidad sabe que le recompone su relación con el Fondo la ley de responsabilidad fiscal, como en Brasil: gobernador que se bandea termina en juicio penal o intervención. ¿Qué va a hacer aquí Eduardo Duhalde, cuyas gestiones ejecutivas siempre se basaron en desfondar a los organismos del Estado en planes clientelistas, sea el Banco Provincia de Buenos Aires o la propia provincia que, junto con Carlos Ruckauf, las llevaron a elevados déficit? ¿Querrá que Felipe Solá, habitualmente un administrador correcto y serio con la menor burocracia del país en empleo público, se arriesgue a ir preso o vea su provincia intervenida -algo que agradaría mucho a Néstor Kirchner- por no cumplir una ley de responsabilidad fiscal si es aprobada, frente a la demagogia y el clientelismo permanente para mantener poder que requiere Duhalde? Vienen días muy difíciles, de discusiones sobre temas realmente de fondo.

Eduardo Duhalde

El gobierno incluirá en el texto del proyecto de ley de responsabilidad fiscal que enviará al Congreso los dos capítulos que más interesan al Fondo Monetario Internacional (FMI) con referencia al comportamiento económico de las provincias. Según la nueva norma, los gobernadores que adhieran a ella se comprometerán a mantener anualmente el superávit fiscal que figure en los acuerdos con el FMI, que para 2005 sería de 0,5% del PBI. Además, las provincias deberán respetar una reedición del Plan de Financiamiento Ordenado (PFO), a través del cual los gobernadores se comprometen a tener un nivel de gastos bajo control y no podrán emitir cuasi monedas, salvo acuerdo en el nivel nacional avalado por el gobierno central.

Originalmente, todos estos temas estaban incluidos en los capítulos que el gobierno de Néstor Kirchner había firmado en el proyecto de ley de coparticipación que se debía haber negociado con los gobernadores antes de mayo y aprobado por el Congreso Nacional en setiembre, según la letra del acuerdo con el FMI cerrado a fines del año pasado.

Sin embargo, y ante la llegada inminente de los técnicos del Fondo, el Poder Ejecutivo decidió separar las condiciones fiscales que deben respetar las provincias de la repartición de ingresos (la clave de la nueva ley de coparticipación) para acelerar las negociaciones con los visitantes.

• Compromiso

Dentro de la Jefatura de Gabinete de Alberto Fernández se asegura, además, que en las últimas reuniones con los gobernadores que Kirchner mantuvo en la Casa Rosada ( incluida la del viernes con Felipe Solá) se obtuvo el compromiso de varios de esos gobernadores provinciales de avalar el proyecto de responsabilidad fiscal. Además, hoy comenzarán las reuniones entre el ministro de Economía, Roberto Lavagna, Eduardo Camaño y José María Díaz Bancalari para sondear la intención del Poder Legislativo de acelerar el trámite. Según la visión oficial, políticamente el gobierno podríamostrar avances serios dentro de junio sobre este proyecto, situación que favorecería las negociaciones con el FMI.

El proyecto sería «una especie de Maastricht para los gobernadores. Las provincias se comprometen a mantener una serie de variables económicas en orden, y a cambio están en condiciones de recibir eventuales ayudas fiscales», declaró a este diario una alta fuente del gobierno. Según el texto del nuevo proyecto de ley, habría un nuevo PFO, por el cual las provincias que adhieran (tendránlibertad de hacerlo) se comprometen a mantener el superávit fiscal que figure en el acuerdo con el FMI (para 2005 será 0,5%, al igual que en 2004). Las provincias que lo hagan mantendrán inalterable la facultad de dirigir sus partidas hacia los destinos del gasto que consideren, incluidos los salarios de los funcionarios públicos. Es una forma de mantener el gasto a raya y bajo una fórmula «gasto/superávit», que va a ser negociada. Ante los ojos de la Nación, esta disposición «ataría» a los gobernadores en la disponibilidad de dinero pues a las provincias que no cumplan con la meta de superávit, y que hayan adherido a la ley, se les limitaría el envío de efectivo desde la Nación hasta que vuelvan a poner sus cuentas en orden. El corte de los giros coincidiría con el exceso de gasto en que haya incurridola gobernación. Una vez cumplida la meta de superávit y gasto, la provincia no tendría limitaciones para direccionar el dinero hacia donde el Ejecutivo local lo decida, incluyendo salarios públicos.

Figurará, además, explícitamente dentro del PFO la prohibición de emitir cuasi monedas, como las que se multiplicaron durante la crisis económica. La única manera que tendrían las provincias que adhieran de recurrir a estos instrumentos sería con cierto aval nacional.