Lima - La Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público de Perú aceptó ayer la renuncia del cuestionado fiscal general Pedro Gonzalo Chávarry y designó a Zoraida Ávalos en su reemplazo por 60 días, en medio de una crisis generada por la investigación de la corrupción de políticos y la constructora brasileña Odebrecht.
El escándalo Odebrecht le costó el cargo al fiscal general de Perú
El funcionario, denunciado además por vínculos con un grupo criminal, renunció luego de tres días de manifestaciones en su contra. Su reemplazo declaró la emergencia en el Ministerio Público.
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“La Junta de Fiscales Supremos designó a la fiscal Zoraida Ávalos, en el cargo de Fiscal de la Nación, de manera interina”, indicó un Twitter.
En un comunicado divulgado el lunes por la noche, Chávarry anunció su dimisión la cual hizo oficial ayer ante la Junta de Fiscales, en medio de las protestas por sus presuntos vínculos con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto y sus actos contra el equipo especial del caso Lava Jato peruano.
“Si soy el pretexto para que continúen estos ilegales actos contra la institución que represento como fiscal de la Nación, decido por respeto a mi institución, el amor a Dios y a mi familia dar a un paso al costado”, indicó la carta de renuncia.
El fiscal supremo Tomás Gálvez dijo a la prensa que la persona que debió asumir el cargo de manera interina era el fiscal Pablo Sánchez, “por ser el más antiguo”, pero este declinó y Ávalos fue designada. Como primera medida, declaró la emergencia en el ministerio público, algo que venía promoviendo, vía Congreso, el presidente Martín Vizcarra.
Dentro de 60 días deben celebrarse elecciones para elegir al nuevo fiscal por los siguientes tres años.
La vicepresidenta Mercedes Aráoz manifestó que la renuncia de Chávarry era necesaria para “salvar la situación” que está atravesando el ministerio público. “Esto se requería para poder recomponer una agenda de resolución”, dijo.
La crisis interna en la Fiscalía de Perú se agudizó el miércoles pasado, cuando los fiscales nombrados para reemplazar a los destituidos Rafael Vela y José Domingo Pérez, encargados de la investigación de los presuntos vínculos ilícitos entre la constructora brasileña Odebrecht y expresidentes peruanos, rechazaron la designación.
Ese hecho y tres días de manifestaciones exigiéndole a Chávarry que diera marcha atrás en su decisión, condujeron a que el fiscal general restituyera en esas funciones a los fiscales Vela y Pérez.
Chávarry es cuestionado porque se considera que el cese de los fiscales Vela y Pérez boicoteaba un acuerdo judicial de colaboración eficaz (delación premiada) entre la fiscalía brasileña y los fiscales peruanos despedidos para que los ejecutivos de Odebrecht aporten las pruebas documentales de presuntos pagos a políticos locales a cambio de favores.
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