El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impulsa en la Legislatura un proyecto para declarar la emergencia hídrica y climática durante 12 meses, con el objetivo de anticiparse a posibles consecuencias del fenómeno de El Niño. La iniciativa contempla herramientas para reorganizar recursos, financiar obras y asistir a personas y comercios que sufran daños por eventos meteorológicos severos.
La Ciudad impulsa la emergencia hídrica por un año ante la llegada de El Niño
El Ejecutivo porteño propone reasignar partidas y destinar fondos de AUSA a obras de prevención. También contempla subsidios y créditos para reparar inmuebles y vehículos afectados.
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La Ciudad busca reforzar la prevención ante lluvias intensas y habilitar asistencia para damnificados.
El plazo comenzaría a correr desde la entrada en vigencia de la ley, en caso de ser aprobada. Sus disposiciones alcanzarían al Ejecutivo, la Legislatura, el Poder Judicial, las comunas, los organismos descentralizados y las empresas con participación estatal mayoritaria.
En los fundamentos, el Ejecutivo cita informes del Servicio Meteorológico Nacional y de la Organización Meteorológica Mundial que advierten sobre cambios en los patrones de precipitación y un mayor riesgo de eventos extremos en la región. No obstante, aclara que esa información no permite anticipar la fecha exacta ni la magnitud de los fenómenos que podrían afectar a la Ciudad.
Qué subsidios y créditos contempla el proyecto
La propuesta faculta al Gobierno porteño a establecer un régimen especial de subsidios para personas y entidades que sufran daños directos en inmuebles ubicados en la Ciudad o vehículos radicados en el distrito.
La cobertura prevista incluye consecuencias de vientos intensos, granizo, actividad eléctrica y caída de árboles, ramas, objetos o estructuras, entre otras manifestaciones de los eventos meteorológicos comprendidos en la emergencia. Los episodios alcanzados deberán ser definidos por las autoridades mediante una decisión fundada en informes técnicos.
El subsidio sería un aporte no reintegrable y otorgado por única vez, y el proyecto no fija montos: la autoridad de aplicación deberá establecer los importes, las condiciones de acceso, la modalidad de pago y las incompatibilidades. Para ello, deberá considerar la magnitud del daño acreditado y la vulnerabilidad económica del solicitante.
Además, el texto habilita al Banco Ciudad a ofrecer una línea de crédito a tasa preferencial para personas, consorcios de propiedad horizontal y establecimientos comerciales directamente afectados.
Los préstamos podrían financiar total o parcialmente la reparación de inmuebles y la reparación o reposición de vehículos dañados o inutilizados. La iniciativa no establece tasas ni plazos de devolución.
Reasignación de partidas y fondos de AUSA para obras
En materia presupuestaria, el proyecto autoriza al Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a transferir determinados recursos con asignación específica a Rentas Generales, readecuar partidas e incorporar mayores ingresos al presupuesto vigente.
Esas modificaciones quedarían exceptuadas de las limitaciones previstas en el primer párrafo del artículo 63 de la Ley 70. Según los fundamentos, el objetivo es disponer de financiamiento para obras, mantenimiento, equipamiento y tareas de prevención desde 2026, sin esperar al presupuesto del año siguiente.
Otra de las medidas involucra a Autopistas Urbanas S.A. (AUSA). Durante la emergencia, la empresa podría destinar ingresos netos de la concesión a obras de infraestructura que le encomiende la autoridad de aplicación o transferirlos a Rentas Generales para mitigar los efectos de los eventos climáticos. El texto establece que primero deberán atenderse las obligaciones necesarias para su funcionamiento habitual.
También se prevé la posibilidad de modificar transitoriamente horarios y lugares de trabajo o reasignar personal entre áreas para responder a la emergencia. Estas medidas no podrán afectar la situación de revista ni la remuneración de los empleados alcanzados.
Un plan de prevención con 177 puntos bajo monitoreo
El mensaje que acompaña el proyecto señala que la Ciudad implementó un plan preventivo y de respuesta en las 15 comunas, con 177 puntos identificados para monitoreo y despliegue territorial.
Las tareas comprenden el seguimiento de pasos bajo nivel, estaciones de bombeo, desagües y otros componentes de la infraestructura. También se plantea reforzar la disponibilidad de bombas y grupos electrógenos, mejorar los sistemas de comunicación e intensificar la limpieza de sumideros y conductos.
El Ejecutivo advierte que la combinación de lluvias intensas, dificultades de escurrimiento, crecidas del Río de la Plata y sudestadas puede agravar los anegamientos en un territorio densamente urbanizado y afectar tanto la circulación como la continuidad de servicios esenciales.
En paralelo, según informó el Gobierno porteño, el proyecto de Presupuesto 2027 propone elevar del 0,7% al 0,9% la participación del gasto destinado a obras hídricas. El esquema preventivo se completa con intervenciones sobre la red pluvial, acciones del Programa de Gestión de Riesgo Hídrico y tareas de higiene urbana para mantener despejados los desagües.
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