El desequilibrio que China exporta al mundo y el desafío del G20

El exceso de capacidad industrial y la débil demanda interna del gigante asiático están obligando a las grandes economías a discutir quién pagará el costo del ajuste.

El desequilibrio que China exporta al mundo y el desafío del G20.

Depositphotos

Durante décadas, la integración de China a la economía mundial fue presentada como uno de los grandes motores de la globalización. Su extraordinaria expansión industrial permitió abaratar bienes, multiplicar el comercio y convertir al país en el principal polo manufacturero del planeta. El problema es que el modelo que produjo ese crecimiento está generando ahora un desequilibrio de alcance global: el gigante asiático acumula una capacidad productiva que su demanda interna no consigue absorber y el excedente busca salida en los mercados externos.

Esa tensión estuvo en el centro de la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20 en Asheville, Estados Unidos. Los otros 19 miembros respaldaron una formulación que reclama corregir los desequilibrios comerciales asociados a políticas que favorecen una dependencia excesiva de las exportaciones y a prácticas consideradas no de mercado. China fue el único país que no acompañó esa posición. Y aunque no fue mencionado explícitamente, el planteo apuntaba a una cuestión que se ha convertido en uno de los principales conflictos económicos entre éste y sus socios comerciales.

El desequilibrio tiene raíces en la propia estructura del modelo de crecimiento chino. Durante décadas, la inversión, la infraestructura, la construcción y las manufacturas fueron sus principales motores, generando una capacidad industrial de escala extraordinaria. Pero ese modelo perdió parte de su dinamismo: la crisis inmobiliaria, el endeudamiento acumulado por empresas y gobiernos locales y la reticencia de los hogares a aumentar el gasto han debilitado la demanda interna. Mientras tanto, Pekín continúa orientando recursos hacia sectores estratégicos como los vehículos eléctricos, las baterías, la maquinaria, las energías renovables y las tecnologías avanzadas.

El resultado no puede explicarse simplemente como un problema de “sobreproducción”. Se trata de un desajuste entre la capacidad de producir y la capacidad de consumir dentro de la propia economía. Cuando la demanda doméstica resulta insuficiente, parte de esa producción excedente debe encontrar compradores en el exterior. De allí surge el creciente superávit comercial chino, que superó el billón de dólares en 2025.

El exceso de capacidad industrial y la débil demanda interna del gigante asiático están obligando a las grandes economías a discutir quién pagará el costo del ajuste.

Para Pekín, las exportaciones permiten sostener la actividad industrial y el empleo. En cambio, para sus socios comerciales la llegada de productos chinos a precios cada vez más competitivos amenaza con desplazar producción local. El conflicto deja entonces de ser exclusivamente comercial: pasa a involucrar decisiones sobre política industrial, empleo y competitividad.

El desafío consiste en responder a esa presión sin desarticular los vínculos económicos con China. Estados Unidos busca que las economías con grandes superávits fortalezcan su demanda interna y reduzcan su dependencia de las exportaciones. Europa enfrenta una disyuntiva particularmente compleja: contener la competencia china en sectores estratégicos sin asumir los costos económicos de una ruptura comercial.

En tanto, Japón y otras economías manufactureras asiáticas enfrentan una tensión similar. No quieren que la capacidad industrial china desplace su producción doméstica, pero tampoco pueden prescindir fácilmente de su mercado ni de las cadenas de suministro que dependen de él.

La salida tampoco es sencilla para China. Reequilibrar su economía exige algo más que aumentar el consumo: Pekín tendría que modificar los incentivos que durante años privilegiaron el ahorro, la inversión y la acumulación industrial, y fortalecer al mismo tiempo los ingresos y la protección social de los hogares. Es una transformación estructural que llevaría tiempo y que podría entrar en tensión con la estrategia de Xi Jinping de convertir al país en una potencia tecnológica e industrial autosuficiente.

Por su parte, Washington enfrenta una contradicción propia. Reclama reducir los desequilibrios globales mientras mantiene un déficit fiscal y una deuda pública de dimensiones extraordinarias. El FMI sostiene que abordar estas asimetrías requiere esfuerzos de ambos lados: las economías superavitarias deben fortalecer su demanda interna, mientras las deficitarias necesitan corregir sus propias vulnerabilidades fiscales y externas.

Por eso el desacuerdo no consiste únicamente en determinar quién tiene razón, sino en decidir quién asumirá el costo del ajuste. China debería reducir su dependencia de la inversión y las exportaciones y fortalecer el consumo interno, pero esa transición podría afectar a sectores industriales que hoy sostienen buena parte de su crecimiento. Si ésta mantiene su capacidad productiva y continúa volcando el excedente en los mercados externos, aumentará la presión sobre sus competidores.

Y si Estados Unidos y Europa responden con nuevas barreras, podrán proteger sus industrias, pero al precio de profundizar la fragmentación del comercio mundial. El riesgo es que cada actor termine intentando resolver su propio desequilibrio trasladándolo al resto.

En ese contexto, el regreso de Rusia a la mesa financiera del G20 añadió una dimensión política al encuentro. Anton Siluanov, ministro de Finanzas de Vladimir Putin, participó presencialmente por primera vez desde la invasión de Ucrania. Su presencia generó el rechazo de varios gobiernos europeos y quedó fuera de la fotografía oficial, pero Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, mantuvo con él un encuentro bilateral y dejó abierto un canal de diálogo económico, aunque sin alivio de las sanciones mientras continúe la guerra.

El episodio también expone la particular naturaleza del G20: un foro en el que la confrontación geopolítica convive con una interdependencia económica que ninguno de sus miembros puede ignorar. Esa misma lógica atraviesa la disputa con China. Ninguna de las principales economías puede modificar por sí sola un problema que afecta simultáneamente al comercio, la producción y las cadenas de suministro globales sin asumir, a su vez, los costos de una mayor fragmentación.

Por eso, detrás de la discusión sobre los superávits y la sobrecapacidad industrial del gigante asiático, el G20 enfrenta una cuestión más amplia: cómo evitar que el ajuste de una de las mayores economías del mundo termine convirtiéndose en una guerra comercial generalizada.

La salida exige algo que ninguno de los grandes actores parece dispuesto a asumir por completo: que Pekín incremente el peso del consumo en su crecimiento, que Estados Unidos corrija sus propios desequilibrios, que Europa proteja su base industrial sin cerrar sus mercados y que las economías emergentes no queden convertidas en el terreno donde las grandes potencias descarguen sus excedentes y sus disputas.

Todo ello supone administrar un ajuste complejo, en el que cada decisión puede generar nuevas tensiones en otra parte del sistema. El desafío será evitar que la respuesta a un desequilibrio termine creando otro todavía mayor. Esa es, en definitiva, la cuestión que comenzó a discutirse en Asheville.