El Congreso arrincona a Javier Milei: del veto caído al fantasma del juicio político

La sesión del jueves en el Senado dejó a la vista que el Presidente ya no tiene el tercio garantizado, un piso clave para cualquier gobierno. Para colmo, los legisladores podrían restringir el uso de los DNU.

La oposición no le da respiro a Javier Milei en el Congreso.

En medio de la crisis que atraviesa el gobierno de Javier Milei por los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, el Congreso no se queda atrás. La oposición no solo se las ingenia para mantener el caso en la agenda, sino que además busca restringirle el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), le enrostra que ya no tiene garantizado el tercio en ninguna de las dos Cámaras (número imprescindible para cualquier Ejecutivo) y hasta se empieza a agitar el pedido de un juicio político para destituir al jefe de Estado.

La sesión del jueves en el Senado fue histórica. Por primera vez en más de 20 años, el Congreso volteó un veto presidencial. En este caso, el de la emergencia en Discapacidad. Para colmo, la insistencia reunió más votos que la sanción del proyecto.

En otras palabras, el acompañamiento fue mayor e incluyó a, por caso, los radicales aliados al Gobierno como Víctor Zimmermann (Chaco); Mariana Juri y Rodolfo Suárez (Mendoza); Estela Maris Olalla (Entre Ríos). También fueron de la partida el salteño Juan Carlos Romero e incluso a algunos amarillos como Martín Goerling (Misiones) y Alfredo De Angeli (Entre Ríos).

El Senado rechazó el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en Discapacidad.

Senado

Pero esa no fue la única derrota que se anotó Milei en medio de la crisis que atraviesa por los audios de Spagnuolo, que salpican nada menos que a su hermana Karina. La oposición y quienes supieron ser aliados al gobierno libertario hasta que la hermana del Presidente dejara heridos en el cierre de listas, dio un paso clave y otorgó media sanción a la modificación de la Ley 26.122. Se trata de la ley impulsada por Cristina Kirchner cuando era senadora, que establece que todo DNU tiene fuerza de ley hasta tanto sea rechazado por ambas Cámaras.

El texto que fue girado a la Cámara de Diputados establece que alcanza con que una de las dos Cámaras lo rechace para que pierda vigencia. Y lo mismo ocurre si el Congreso no se pronuncia a los 90 días de su firma. En otras palabras, le complica al Ejecutivo legislar por esa vía, que junto con las facultades delegadas –que vencieron semanas atrás—y los vetos a las leyes opositoras fueron, al menos en el último año de Milei, las principales herramientas legislativas de las que se valió el mandatario.

Esto fue por dos motivos: el primero, que LLA se encuentra en amplia minoría en ambas Cámaras. Y el segundo es que, con el correr del tiempo, el libertario fue perdiendo aliados que lo ayudaron a, entre otras cosas, reunir los votos para que prosperara la Ley Bases o el paquete fiscal.

Así, Milei pasó de una estrategia ofensiva a una defensiva en el Poder Legislativo. Los números así lo reflejan. El politólogo Andrés Malamud lo sintetizó en un tuit: "Hasta marzo de este año, de las 17 votaciones que hubo en el Congreso, LLA ganó 14. Desde abril, de las también 17 votaciones que hubo, LLA perdió 17".

Congreso: Milei cada vez más cercado

El proyecto opositor de reformar la ley de los DNU y la cristalización de que el Gobierno ya ni siquiera tiene garantizado el tercio en el Congreso encendió alarmas en la Casa Rosada. Se da por descontado que si la reforma a la Ley 26.122 prospera, Milei la vetará. Pero, si el clima en el Poder Legislativo sigue siendo hostil, la oposición podría insistir –tal cual hizo con la Emergencia en Discapacidad-. Es cierto, reunir los dos tercios para esa reforma no le será tarea sencilla, pero la posibilidad existe.

De ser así, a Milei se le complicará –y mucho—sortear el Congreso, tal cual viene haciendo desde hace tiempo. Porque, con mayoría simple, la oposición podría voltearle cualquier DNU. Pero no solo esa debería ser la preocupación del Gobierno, que promete un segundo tramo “reformista” (que para concretarlo debería conseguir la venia del Congreso). El "tercio propio” en el Congreso es un número decisivo para cualquier Poder Ejecutivo por dos motivos. El primero, para blindar vetos. El segundo, para frenar cualquier intento de juicio político, que podría derivar en la destitución del presidente de la Nación.

Es cierto, hoy la comisión de Juicio Político se encuentra en un limbo luego de que Karina Milei –vía Martín Menem—desconociera a Marcela Pagano (hoy totalmente enfrentada con el Gobierno) como presidenta de ese cuerpo. Pero los sucesos de las últimas semanas podrían llevar a que la oposición aúne fuerzas y desate ese nudo. Y el Gobierno, de alguna manera, le está dando los incentivos. Frente al Caso $LIBRA, salvo el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el resto de los funcionarios no fueron a rendir cuentas a la Cámara baja. Ni a las comisiones ni frente al cuerpo.

El otro tema que tiene a los hermanos Milei en jaque es que tampoco pisaron el Palacio del Congreso. La semana pasada, por caso, la comisión de Salud invitó al ministro de esa cartera, Mario Lugones, para que brinde información por el supuesto pago de coimas en la ANDIS. El funcionario no fue y ni siquiera respondió a la invitación.

En los próximos días, los bloques de la oposición intentarán que Karina Milei se apersone ante la comisión $LIBRA para que responda preguntas. También avanzan los proyectos para interpelarla en el recinto por el escándalo de los audios. Pero lo cierto es que los diputados de las diferentes bancadas dan por descontado que la hermana del Presidente pegará el faltazo a cualquier “invitación” parlamentaria.

Como yapa, por impulso del presidente de la Comisión $LIBRA, Maximiliano Ferraro, los diputados le enviaron el martes un cuestionario al Presidente, para que eche luz en torno al caso. Milei tiene cinco días de plazo para enviar el escrito. Cuesta imaginar que lo haga.

Javier Milei tiene cinco días para responder el cuestionario de Maximiliano Ferraro.

Mariano Fuchila

Es por eso que varios diputados opositores, por lo bajo, ya empiezan a hablar de reactivar la comisión de Juicio Político. Es decir, regularizar la designación de las autoridades.

De ser así, lo que se vio el jueves en el Senado no solo debería preocupar al gobierno de LLA por las dificultades que puede tener para legislar de acá en más -incluso después del 10 de diciembre, porque el oficialismo estará lejos de la mayoría propia y, con mucha suerte, arañaría el tercio propio-, sino también porque la oposición podría poner en marcha un pedido de juicio en contra del mandatario y amenazarlo con su destitución. Si Milei no cuenta con un tercio de legisladores propios la amenaza podría ser un verdadero dolor de cabeza.