|
El juez Castelli, a cargo de la investigación, la cual fue impulsada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), consideró que los 9 presuntos fusilamientos y los 20 supuestos casos de torturas contra guerrilleros durante las jornadas de enfrentamiento en La Tablada configuran "delitos de lesa humanidad".
|
|
|
| |
La Justicia Federal de Morón consideró como delitos de lesa humanidad las ejecuciones y torturas ocurridas durante el copamiento del Regimiento de La Tablada, en enero de 1989, en la que murieron fusilados integrantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP).
En ese marco, el juez federal de Morón Germán Castelli ordenó la detención del ex general Alfredo Arrillaga, quien ya se encuentra detenido en el marco de otra causa por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar, y del mayor Jorge Eduardo Varando, procesado en la causa por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, en las jornadas que precedieron a la caída de Fernando de la Rúa, y quien aún no fue ubicado en su domicilio.
El mayor Varando estuvo detenido como acusado de haberle disparado y provocado la muerte al manifestante Gustavo Benedetto, en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, pero tres años más tarde la Corte Suprema le modificó la calificación del delito de "homicidio" por la de "abuso de armas" y así obtuvo la excarcelación.
Arrillaga se desempeñaba en 1989 como comandante a cargo de la recuperación del cuartel de La Tablada, según una orden impartida por el entonces presidente Raúl Alfonsín.
El acusado también estuvo acusado de participar en la denominada "Noche de las Corbatas", cuando en junio de 1977, en la ciudad de Mar del Plata, se secuestró a varios abogados.
El juez Castelli, a cargo de la investigación, la cual fue impulsada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), consideró que los 9 presuntos fusilamientos y los 20 supuestos casos de torturas contra guerrilleros durante las jornadas de enfrentamiento en La Tablada configuran "delitos de lesa humanidad".
"Los delitos investigados en la presente causa, además de vulnerar el derecho humanitario internacional, constituyen crímenes de lesa Humanidad y, por ende, resultan imprescriptibles", estableció el juez en una resolución.
En su investigación, acreditó mediante un examen de ADN, que uno de los cuerpos que desde el 23 de enero de 1989, día del hecho, permanecían como "NN" sería de un hombre identificado como José Alejandro Díaz, uno de los presuntos fusilados después de la rendición del movimiento MTP.
El juez Castelli, en febrero de 2008, había pedido al Poder Ejecutivo la desclasificación de archivos reservados sobre los episodios de enero de 1989, y obtuvo una aceptación parcial por parte de la presidente Cristina Kirchner, quien aceptó la liberación de esos documentos pero sólo para su conocimiento.
Otro de los presuntos fusilamientos sería el de Iván Ruiz, cuyos restos habían sido identificados en el año 2000.
Castelli recordó en la resolución que la CIDH "concluyó que los trece sobrevivientes del ataque, como otros cómplices aprehendidos fuera del cuartel, fueron torturados por agentes del Estado".
"A la luz de lo expuesto, el resultado de los informes mencionados dan plena razón a las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en punto a que" los nueve presuntos fusilados "habrían perecido en el lugar, en manos de agentes del Estado y, a su vez, pone en evidencia la fragilidad de los argumentos del Estado argentino". |
|
|
